El Seprona detecta casi 7.000 microchips irregulares en perros

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Región de Murcia ha detectado casi 7.000 dispositivos irregulares en perros de la Comunidad en su investigación sobre el presunto fraude de los microchips en el que hay tres veterinarias investigadas aunque la mayor parte de estos chips, unos 6.100 han pasado por las manos de una única facultativa, según ha señalado a LA RAZÓN el responsable del Seprona en la Región, José Antonio Fernández.

Durante la investigación de la Guardia Civil sobre un rango de fechas entre 2005 y 2017 se “han observado ciertas irregularidades en el trabajo que realizaban y se han instruido diligencias por los supuesto delitos de falsedad documental y estafa”. Estas diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción de Molina de Segura, “y estamos a la espera de recibir directrices del órgano judicial para continuar con la investigación”.

Este periódico ha ido destapando con los documentos oficiales del SIAMU, el registro del Colegio de Veterinarios, una serie de irregularidades en los microchips caninos como un gran volumen implantado a perros pero no dados de alta en el SIAMU, dispositivos “colocados” a los animales mucho antes de nacer, mascotas registradas a nombre de protectoras que ya ni existían, chips dados de alta en el registro del Colegio de Veterinarios a los diez años de haber sido colocados en los canes, todo ello realizado por la misma veterinaria, Ana Martínez Ferra, según consta en el SIAMU, principal facultativa investigada por el Juzgado.

Según indica Fernández, que se ha hecho cargo personalmente de la investigación, además de las citadas irregularidades, durante el proceso también “se han detectado tarjetas de identificación animal que no se habían entregado a sus titulares o microchips dados de alta en el registro del SIAMU pero que nunca se implantaron a ningún animal”. Por todas estas actuaciones se investigaron tres personas, tres facultativas que ejercen su profesión en la Región.

“Hemos estado investigando que a una de esas veterinarias habían pasado por su manos casi 6.200 microchips, a las otras menos. Otra de las personas, ciento y algo, el otro no era significativo”, matiza el responsable del Seprona.

Además, la Guardia Civil ha descubierto que incluso se han puesto dispositivos de identificación animal a nombre de personas que habitan en el extranjero y que no tienen ninguna relación con los perros chipados.

Otro dato relevante de estas irregularidades es que “cinco protectoras o personas son las que más carga han tenido de microchips registrados a su nombre”.

Y el problema no es solo que hay muchos perros que no están puestos a nombre de sus verdaderos propietarios, con el consiguiente problema si se extravían ya que no hay forma de localizarlos, sino que además han aparecido personas a las que sin saberlo “le han registrado perros que luego no tenían”.

A raíz de que este periódico destapase el presunto fraude de los microchips, numerosos ciudadanos han acudido al SIAMU a comprobar los datos de sus perros y se han llevado la sorpresa de que no estaban a su nombre. Pero también hay quién ha descubierto que con sus datos hay varios perros registrados que no son suyos y ha acudido a denunciar la situación.

Todas estas irregularidades las ha ido encontrando el Servicio de Protección de la Naturaleza “a través de análisis de los datos que hemos ido obteniendo en la investigación. Las denuncias han sido pocas, ha sido más por nuestra actuación”

En estos momentos la investigación sigue abierta, la Guardia Civil ha ido llamando una a una a las personas que más cargas tenían de animales, y ante la aparición de cualquier indicio nuevo “nosotros lo investigamos y lo ponemos en conocimiento del Juzgado”, matiza José Antonio Fernández. Hasta ahora “los supuestos delitos han sido cometidos en la Región. No hemos encontrado nada que indique que estas irregularidades se estén produciendo en otras comunidades autónomas”, indica, pero lo que si hay son propietarios afectados de fuera que han adquirido su perro en la Región de Murcia, por lo que el presunto fraude de los chips puede implicar a las comunidades limítrofes, como Valencia, Andalucía o Castilla-La Mancha.