Un gran fraude en los chips de identificación animal afecta a cientos de perros

Desde hace más de un año el Seprona, según ha podido saber LA RAZÓN, está recibiendo denuncias de propietarios de perros que han descubierto que sus animales no están inscritos en el registro animal, a pesar de haber ido a una veterinaria en la Región de Murcia donde les cobraban la tasa de 40 euros por implantarle el microchip obligatorio y que aseguran nunca fue registrado

Los dueños recibían en la consulta la cartilla veterinaria de su animal con un número de chip y pagaban en efectivo, según señalan, por indicación de la doctora Ana María Martínez Ferre al ser una cantidad pequeña, entre 30 y 40 euros. Como todo parecía normal, nadie sospechó la presunta estafa.

La alarma saltó cuando pasado algún tiempo alguno de estos perros se perdió por la calle y el propietario al ir a poner la denuncia por desaparición se encontró con que el número de microchip que pone en su cartilla de vacunación no está registrado en ningún sitio.

Este es el caso de Javier Fernández Tendero, quien como consta en la denuncia que presentó en junio de 2018 a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, es propietario de un pastor alemán de siete años que se le perdió cuando estaba de paseo. Al no dar con él se dirigió a la perrera municipal y vio que estaba allí, pero no se lo entregaron porque “le habían detectado el microchip número 981098104066261 y al comprobarlo en la base de datos del Colegio de Veterinarios (SIAMU) vieron que no estaba registrado”. Fernández Tendero indica en su denuncia que investiga el Seprona que el microchip se lo puso la veterinaria Martínez Ferre en el verano de 2011, por lo que el fraude puede haberse iniciado hace una década.

Otro denunciante, José Antonio Martínez López, señala que ante los rumores de que podía haber un fraude en los microchips de los perros acudió a una clínica a que comprobaran el de su perro, un labrador hembra comprado en el verano de 2017, llevándose la sorpresa de que el microchip que consta en su cartilla de vacunación, 941000022205231, no está registrado en la base de datos del SIAMU.

Según explica este denunciante, el 25 de noviembre de 2017 llevó a su perro “a la clínica veterinaria Clinicanimal ubicada en la calle Tejo de Molina de Segura, donde le hicieron la cartilla sanitaria, le pusieron las vacunas correspondientes e instalaron supuestamente el microchip, siendo atendido por la titular de la clínica veterinaria Ana María Ferre, colegiada número 438” a la que abonó en metálico unos 40 euros.

El Seprona que ha recibido un aluvión de denuncias, ha dado traslado al Juzgado Número 6 de Molina del expediente, donde están en trámite las denuncias.

Según fuentes de la investigación, que el supuesto fraude lleve tantos años realizándose significa que en estos momentos hay numerosos perros sin identificar o mal identificados, ya que ante los primeros rumores se han podido realizar registros a toda velocidad sin control alguno. “Hay perros muertos que resulta que su microchip está activo en otro perro, otros perros se han perdido y es imposible recuperarlos, algunos no existen y los criadores tienen problemas para inscribir sus camadas, por lo que esto es un problema exponencial”, señala otro de los afectados.

La veterinaria ahora acusada tiene su propia clínica montada desde hace unos cuatro años, pero antes trabajaba en otra de gran tradición y mucho volumen de trabajo en la Región, en la que también han recibido numerosas denuncias.

El fraude es de tal envergadura que se calcula que puede afectar a varias comunidades, ya que Murcia es una región de gran tradición canina y se crían muchos perros con destino a regiones limítrofes, como Andalucía, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana

Según la investigación, hasta el momento hay unos quinientos afectados, y se han presentado unas 50 denuncias porque, la mayoría, sus perros se han perdido o han tenido que identificarlos y han descubierto que no tienen el microchip registrado. Con una media de 40 euros por perro, el fraude puede superar con creces los 20.000 euros. Una propietaria afectada que se ha personado en el proceso, ha indicado que a la veterinaria se le acusa de delitos de estafa, falsificación documental y daño a los propietarios que no han podido recuperar sus animales.

Los primeros dueños que se encontraron con el fraude acudieron al Colegio de Veterinarios, desde donde les remitían a poner una denuncia en el Seprona. Fuentes del Colegio indican que al conocer estas posibles irregularidades se pusieron en contacto con la veterinaria y le comunicaron que habían descubrieron un elevado número de chips a nombre suyo sin registro alguno. Ante este aviso del Colegio, señalan algunas fuentes que esta profesional de la salud animal supuestamente comenzó a regularizar microchip que hasta la fecha estaban sin propietario.

“Al parecer, relata otra afectada, puso muchos animales a nombres de protectoras o asociaciones animalistas, o a nombres de propietarios que ni existen. Todo esto lo está investigando la Guardia Civil, el Seprona nos lo ha comunicado a nosotros cuando acudimos para informarnos”.