Macrogranjas

En 2010 se sacrificaron casi 797 millones de cabezas de ganado en España (bovino, ovino, caprino, porcino, aves, conejos y caballos), cifra que superó los 925 millones en 2019. Si ponemos el foco en el sector porcino, los datos del Ministerio de Agricultura hablan de una producción récord en 2020, con unos cinco millones de toneladas de carne. Cinco mil millones de kilos, si se quiere. Fueron, de acuerdo con estos datos, 56,4 millones los cerdos sacrificados (más de un millón a la semana) en un país con 47,3 millones de habitantes. España, cuarto país del mundo en producción porcina (por detrás de China, Estados Unidos y Alemania), y segundo de Europa ha mantenido un notable incremento del censo de cerdos en los últimos ejercicios y prácticamente en todas las comunidades autónomas, en especial Aragón, Murcia y Castilla y León.

Si bien el número de pequeñas granjas se ha reducido de forma drástica en la última década (cerca de un 40% menos), las de mayor tamaño se han incrementado. Y aquí llega la controversia. Porque las «macrogranjas» industriales de cerdos se han multiplicado en medio de las protestas de los vecinos de los entornos donde se instalan, que denuncian malos olores, un consumo excesivo (tremendamente excesivo) de agua, la generación de purines que pueden contaminar el aire y los acuíferos, amén de sacrificar las economías de modestos ganaderos locales. Instalaciones, en otras palabras, de alto impacto ecológico y cuestionable contribución al desarrollo sostenible. Los datos en Castilla y León revelan que en Segovia, una de las provincias más afectadas, hay 1,2 millones de cerdos frente a 150.000 habitantes. Más del triple de granjas (745) que de municipios (209). Un negocio rentable para algunos, pero una dudosa solución para la España vacía.