Los transportistas de Barcelona, en pie de guerra contra Colau

Los transportistas que trabajan en Barcelona se han manifestado en contra de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones que ha puesto en marcha Ada Colau por ser una disposición inasumible y poco realista que hundirá el sector del pequeño trasporte en la Ciudad Condal y provocará el desabastecimiento de los comercios, según las manifestaciones de la Federación de Transportistas de Mercancías, Fenadismer, la asociación más importante del sector del transporte y la distribución.

La disposición de la alcaldesa establece una extensión de 95 kilómetros cuadrados del municipio de Barcelona y limítrofes, en la cual se prohíbe que los vehículos de reparto y distribución de mercancías sin distintivo puedan continuar prestando sus servicios a partir de 2021. Ello supondrá en la práctica prohibir la circulación de más de la mitad de la flota de transporte de mercancías que actualmente presta sus servicios en la ciudad condal, mayoritariamente autónomos y pequeñas empresas familiares.

Hay que recordar que el pasado 1 de enero entró en vigor en la ciudad de Barcelona, y otros municipios limítrofes, la nueva Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE) con el objetivo de reducir la contaminación ambiental que soporta su área metropolitana. La Zona de Bajas Emisiones, con una extensión superior a los 95 kilómetros cuadrados y que engloba todo el término municipal de Barcelona (excepto la Zona Franca Industrial y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo y Les Planes), los municipios de Sant Adrià de Besòs y L'Hospitalet de Llobregat, y parte de los municipios de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat, comporta la restricción de circulación de los vehículos más contaminantes, aplicándose de forma progresiva a las diferentes categorías de vehículos según la etiqueta ambiental de la DGT.

Por ello, ya está, de hecho, restringida la circulación dentro de la zona de bajas emisiones del ámbito de las rondas de Barcelona a los vehículos turismos, motos y ciclomotores que no dispongan de distintivo ambiental, de lunes a viernes en horario de 7 a 20 horas. A partir de 2021, la Ordenanza amplía la prohibición de circulación dentro de la ZBE del ámbito de las rondas de Barcelona en el horario antes indicado a las furgonetas, camiones y autobuses que no dispongan de etiqueta de la DGT. Esta medida tan restrictiva para el sector del transporte de mercancías es rechazada por las asociaciones de transportistas por ser absolutamente inasumible y poco realista.

Para la Asociación General de Transportistas de Cataluña, AGTC, la aplicación de dicha restricción supondrá en la práctica expulsar del sector a más de la mitad de la flota que actualmente opera en la Ciudad Condal, conforme a los datos que maneja el propio Ayuntamiento de Barcelona y que constan en la memoria de impacto económico que se elaboró para la aprobación de la Ordenanza. Actualmente, el 56% de los vehículos ligeros y el 59% de los vehículos pesados censados en Barcelona dedicados al transporte de mercancías carecen de distintivo medioambiental y en consecuencia no podrán circular por la ZBE a partir del 1 de enero de 2021. Ello supondrá la reconversión forzosa de más de un 50% del sector del transporte, en particular miles de vehículos de transporte deberán ser reemplazados por otros con etiqueta medioambiental en el improrrogable plazo de un año.

Los transportistas exponen una batería de razones por las cuales este objetivo es inasumible e inalcanzable. Argumentan que actualmente no existe en el mercado alternativa tecnológica para los vehículos pesados, que necesariamente deben continuar siendo propulsados por motores diésel. Según la norma de Colau, habría que sustituir unos 24.000 camiones y furgonetas, esto es, casi la totalidad del parque de vehículos de transporte nuevos que anualmente se adquieren en toda España. Y los autónomos y micropymes, la mayoría en el sector, no tienen suficiente capacidad financiera para ello, ya que el coste de los vehículos nuevos se sitúa entre los 30.000 y los 120.000 euros y no hay políticas activas por parte de la Administración para facilitar esta reconversión.

Creen las asociaciones de transportistas que la consecuencia de esta medida será que miles de autónomos y pymes se verán condenados a dejar la profesión, al no poder hacer frente a la renovación de flotas, en unos casos dada su avanzada edad, y en otros por imposibilidad financiera. Entienden que debería permitirse que los transportistas puedan continuar ejerciendo su profesión y que aquellos vehículos afectos al transporte de mercancías puedan seguir usándose hasta el fin de su vida útil sin posibilidad de transmitirlos a terceros, de manera que la reconversión del sector sea progresiva y racional.