7.300 gasolineras permanecen cerradas o con horarios reducidos en España

La Orden del Ministerio de Sanidad que permite el cierre o la reducción del horario de apertura de las gasolineras menos estratégicas y la falta de tráfico en las vías menos transitadas está provocando el cierre o el horario reducido del 63% de los puntos de venta de carburantes de las carreteras españolas, lo que significa unas 7.300 estaciones de servicio. Las pequeñas empresas y los distribuidores independientes están siendo los más afectados por esta situación.

Esta situación se ha agudizado desde el sábado pasado, cuando el Ministerio de Sanidad publicó en el BOE la Orden SND/337/2020 por la que permite que un número importante de estaciones de servicio puedan cerrar o reducir de forma importante su horario habitual, mientras continúe la situación del estado de alarma, excepto aquellas que se consideran esenciales por estar situadas en ubicaciones estratégicas. Inmediatamente unos 7.300 puntos de venta han procedido a su cierre o reducción significativa de su horario de atención al público. Casi sólo quedan gasolineras abiertas en emplazamientos estratégicos, autopistas y autovías.

Esta situación ha agudizado las quejas de los transportistas que siguen trabajando en suministros esenciales y que tienen dificultades para poder realizar sus desplazamientos. Empresas de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, están sufriendo estas semanas una importante limitación en el suministro de carburantes a los postes de autoconsumo que tienen las empresas en sus bases para poder adquirir el carburante a granel a precios más competitivos.

La patronal del transporte Fenadismer pide, por otra parte, una intervención en los precios de los carburantes ya que, argumentan, el bajo precio actual del barril de crudo a 25 dólares, supone una reducción del crudo del 60% en los últimos cuatro meses, pero que solo se ha reflejado en una bajada del precio de sólo el 12% en el caso de la gasolina y del 13 % en el caso del diésel respecto a los precios del pasado diciembre. Pretende reestablecer el sistema de fijación de precios máximos que estuvo vigente hasta 1998.