El Gobierno lamenta la desidia de Hacienda al ignorar la reforma de la financiación

El Gobierno regional prevé que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Ministerio de Hacienda ha convocado, «in extremis», para hoy no incluya en el orden del día asuntos prioritarios para las comunidades más maltratadas, como lo son la propia Región de Murcia, la Comunitat Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha. Una actitud, «desleal», incluso para regiones del mismo color político del Gobierno central, que verán cómo únicamente les reúnen para «iniciar el trámite de los Presupuestos Generales del Estado», dejando de lado la reclamada reforma del sistema de financiación autonómica.

«El CPFF se lleva a cabo porque seis comunidades lo hemos pedido. De hecho, debe convocarse dos veces al año, y desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, han sido cinco las ocasiones en las que debería haberse producido. No podemos aceptar más retrasos en la reforma de la financiación».

Así lo aseveró ayer el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en funciones de portavoz tras el Consejo de Gobierno, donde recordó que antes de que se modificara el sistema en el año 2008, la Región tenía una deuda de 700 millones de euros, la segunda menor por comunidades. «Desde que Zapatero la reformó para beneficiar a Cataluña, la deuda ha crecido hasta los 9.800 millones, la quinta con mayor deuda en función del PIB».

Un lastre que, según el consejero, ahora usan de pretexto para castigar a la Comunidad negándoles la autorización para recibir 320 millones de euros preconcedidos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para invertir en la recuperación del Mar Menor.

«Hemos apelado al artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establece que la comunidad pueda acceder a fondos europeos independientemente de cómo estén sus cuentas públicas».

Una medida que debe ser puesta en marcha cuanto antes porque, según Celdrán, las previsiones sobre la laguna salada son «negativas». «Ha aumentado la temperatura de la laguna hasta los 14 grados, y estamos solo en invierno; al tiempo que ha disminuido la salinidad por la entrada de 350 litros de agua dulce cada segundo procedente de la rambla del Albujón. El Gobierno central ni actúa para evitar los vertidos, ni aplica el Plan de Vertido Cero, ni nos deja a nosotros resolver el problema abandonándonos ante una castástrofe ambiental».

Recurrirá el trasvase de enero

Asimismo, Celdrán detalló que el Gobierno regional ha dado el visto bueno a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de no trasvasar agua a través del acueducto Tajo-Segura durante el mes de enero, según el volumen propuesto por la Comisión Técnica del trasvase.

«Enviamos un requerimiento después de que no enviaran agua en noviembre, y presentamos un recurso en diciembre tras volver a dejarnos sin agua. En enero han trasvasado 16,2 hectómetros cúbicos, frente a los 20 propuestos por la Comisión. Esto responde únicamente a una decisión arbitraria, al capricho político del Gobierno de Pedro Sánchez, que vulnera los derechos de los regantes al negarles el agua que les pertenecen por ley».