El IMAS incorporará 85 nuevos trabajadores en residencias y centros de discapacidad

Un total de 85 trabajadores de la Comunidad Autónoma pasarán a reforzar la labor del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en las siete residencias públicas de mayores y los cinco centros de personas con discapacidad, también de titularidad pública, de la Región de Murcia.

Fuentes del Gobierno regional han indicado que mientras dure esta situación de crisis sanitaria se incorporarán 2 médicos, 4 psicólogos, 9 fisioterapeutas, 10 enfermeros, 2 educadores y 18 auxiliares, así como 10 empleados de cocina y 5 ayudantes, 4 para mantenimiento, un ayudante de servicio y un ordenanza.

El secretario general de la Consejería, Antonio Sánchez, ha explicado que el objetivo no es suplir carencias en las residencias y centros de personas con discapacidad, sino "reforzar" el servicio prestado desde ellos para abordar "con mayor solvencia" la situación provocada por la crisis sanitaria ante la expansión del coronavirus.

Otras consejerías como la de Empleo han recurrido a la misma fórmula de captación de profesionales de otros departamentos para poder hacer frente al ingente número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados por las empresas murcianas desde la declaración del estado de alarma.

Los profesionales serán convocados mediante llamamientos atendiendo a criterios de localidad y antigüedad, y no podrán ser apelados ni educadores de educación infantil ni profesionales con una categoría reconocida A2 o C1, según ha informado el sindicato Comisiones Obreras de la Región de Murcia.

Doblar la Renta Básica de Inserción

Desde la Consejería se ha elaborado un informe en el que se pone de manifiesto el incremento de personas que van a pasar, a raíz de las consecuencias labores y sociales de la pandemia, a encontrarse en situación de exclusión y pobreza.

En este sentido, Sánchez señala que colectivos que antes eran vulnerables ahora van a pasar a estar en riesgo de exclusión, y los que estaban en riesgo de exclusión a la pobreza severa. En esta última situación se encontraban unas 23.000 personas en la Región de Murcia antes de la crisis.

Este escenario requiere, a juicio del secretario general, un refuerzo en las partidas que sustentan las políticas sociales impulsadas por el Gobierno regional, entre las que se encuentran el apoyo a las familias y la infancia; la empleabilidad para personas vulnerables; la lucha contra la pobreza y la Renta Básica de Inserción (RBI).

Esta última cuenta en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2020, todavía sin aprobar, con una partida de 18,5 millones de euros que la Consejería de Política Social, dirigida por Isabel Franco, quiere incrementar hasta los 37 millones para cubrir las necesidades de quienes se encuentran en situación de pobreza severa.

Sánchez ha explicado que recientemente se han flexibilizado los criterios para acceder a estas ayudas, cuyo número de demandantes ha crecido en 500 personas desde el inicio de la crisis, y que, incluso se están otorgando por vía telemática ante las restricciones presenciales propias del estado de alarma.

Por último, el secretario general ha informado de que desde Política Social barajan la posibilidad de adelantar el estudio que se elabora anualmente sobre la situación de la pobreza en la Región para tener datos, cuanto antes, de cómo ha afectado la pandemia en términos cuantitativos.