Los agricultores murcianos temen que el «proteccionismo radical» acabe con el 40 % de la producción

Nuevo golpe a la agricultura y ganadería. El sector primario tanto de la Región de Murcia como del resto del territorio nacional se encuentra en una situación «alarmante» ante la más que probable aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo debate está previsto mañana martes 27 de junio, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Una normativa que establece una serie de limitaciones de la actividad agraria en todas las zonas de la Red Natura 2000, en la que se prevé la recuperación y restauración de gran parte de los ecosistemas europeos , y que, según el sector agrícola, supondrá un nuevo «zarpazo a las producciones con limitaciones y prohibiciones más estrictas».

Así lo denuncia el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, quien cifra en un 40 por ciento la superficie de producción agrícola que se verá afectada, «limitando que no pueda producirse en entornos de zonas protegidas, que no haya pasto de ganaderías cerca de los ríos, y expulsando toda la actividad productiva para dejar todo en su estado natural».

En el caso del Mar Menor, por ejemplo, Gálvez Caravaca recuerda que tanto el sector como la administración regional «está haciendo todo lo posible para recuperar y proteger la laguna. Hay normativa más que suficiente para ello, incluida la Ley Regional de Protección del Mar Menor».

La normativa europea, denuncia, sería una «nueva vuelta de tuerca contra el sector que aboca a un abandono masivo de la actividad por la imposibilidad de desarrollar la actividad agraria». De hecho, la propuesta también indica la reducción de un 50 por ciento del uso de productos fitosanitarios, «sin dar la posibilidad de conseguir alternativas antes de que llegue la prohibición definitiva».

Un escenario que ha generado gran malestar en los sectores agrícola y ganadero de toda España, y para el que reclaman la implicación de las administraciones. No obstante, según Gálvez Caravaca, desde el Gobierno de España se apoya esta corriente «de proteccionismo radical», y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, apoya este plan «que puede poner en serio riesgo la soberanía alimentaria y la producción de alimentos». «Todos hemos visto las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis energética o la pandemia, que han golpeado al sector. Pero con esta ‘borrachera’ proteccionista que estamos viviendo en Europa, todavía pueden ser peores las consecuencias de una normativa cada vez más restrictiva». Y recuerda que la Política Agraria Común ya establece muchas restricciones.

El secretario general de Asaja, no obstante, asegura que está habiendo una «batalla muy dura en el seno del parlamento europeo» para paralizar la ley, en la que Asaja está teniendo un «protagonismo especial».

Denuncia así que no se han desarrollado estudios de impactos socioeconómicos en el sector agrícola y ganadero a la hora de confeccionar esta ley, y que todo responde a un «planteamiento genérico» de que los beneficios ambientales serán superiores a los perjuicios económicos. «Detrás hay una serie de lobbies que no son precisamente ecologistas. Hay una amalgama de intereses a los que nos estamos enfrentando tanto Asaja como el propio Comité Europeo de Organizaciones Profesionales Agrarias».

Falta de compromiso

El líder de Asaja Murcia también critica la «falta de compromiso» del Gobierno central de Pedro Sánchez, más incluso ahora cuando España está a punto de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea. «Podría dirigir los debates y orientarlos a una postura más racional, pero no hay nada absolutamente preparado, y eso nos preocupa muchísimo».

No así ocurre con los dirigentes del Partido Popular. Según Gálvez Caravaca, en un encuentro con el eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, «mostró bastante empatía con la problemática». Así, asegura que en un contacto con los representantes de Asaja en Bruselas, fue el Partido Popular europeo el que ha planteado la paralización de esta iniciativa europea que va en contra del sector agrícola.