
Tribunales
Cae el número de denuncias por violencia de género en el tercer trimestre en la Región de Murcia
Los juzgados especializados dictaron 501 sentencias, de las que 491, el 98 %, condenaron al agresor

Las denuncias por violencia de género en los órganos judiciales de la Región de Murcia se redujeron en un 17,1 % entre julio y septiembre de 2024 con respecto al año anterior, según se desprende de los datos contenidos en el “Informe trimestral sobre Violencia de Género” dado a conocer hoy por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género.
El estudio muestra también un descenso de las órdenes de protección: se solicitaron 445, un 7,1 % menos que hace un año y se adoptaron 379, un 4,1 % menos. En cuanto a las sentencias dictadas por los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, sumaron un total de 501, de las que el 98 % condenaron al agresor.
Casi siete de cada diez denuncias (69,3 %) las interpusieron las víctimas tanto en sede judicial como en comisaría; las presentadas por familiares representaron el 1,4 % del total de denuncias, un porcentaje levemente más alto que el registrado en trimestres anteriores. El resto de las denuncias respondieron a atestados por intervención directa policial (20,9 %), a partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (5 %) y a servicios de asistencia y terceras personas en general (1,9 %).
Según los datos del informe, 64 % de las mujeres víctimas tenía nacionalidad española y el 36 % restante, otras nacionalidades. Además, en el tercer trimestre de 2024, se registraron tres víctimas menores, dos españolas y una extranjera.
Cuatro de cada cien víctimas renunciaron a testificar
Los casos en lo que la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar contra su agresor (77) se redujeron notablemente en la Comunidad Autónoma, un 46,2 % respecto al tercer trimestre de 2023, de modo que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar contra sus agresores fue de 4 por cada cien víctimas. Porcentaje cinco puntos por debajo al de la media nacional, que fue de 9 de cada cien.
Las comunidades autónomas que registraron medias superiores a la nacional fueron Baleares, con 35,5 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Navarra, con 26,4; Comunidad Valenciana, con 25,5; Canarias, con 24,2; Murcia, con 23,3; Andalucía, con 21,3 y Madrid, con 21,1.
Por debajo de la media nacional se situaron Castilla y León, con 11,3; La Rioja, con 13,8; Galicia, con 13,9; País Vasco, con 14,1; Extremadura, con 14,7; Castilla-La Mancha, con 16,2; Cataluña, con 16,4; Aragón, con 16,7; Asturias, con 172, y Cantabria, con 19.
Suspensión del régimen de visitas y guardia y custodia
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 982 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (322) y la orden de alejamiento (287).
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 361 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (97) y las relacionadas con la atribución de la vivienda (75). Durante el tercer trimestre de este año también se acordaron 85 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas y en 54 casos se suspendió la guardia y custodia.
Penal, Audiencia y Menores
Los juzgados de lo Penal de Murcia, Lorca y Cartagena, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, dictaron 131 sentencias de las cuales el 72,5 % fueron condenatorias (75 por conformidad).
Las Audiencia Provincial, cuya Sección 3, especializada en violencia sobre la mujer enjuicia los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictó tres sentencias, todas ellas condenatorias.
Por su parte, en el tercer trimestre del año, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 7, menores de edad, cuatro más que hace un año. En todos los casos se impusieron medidas, tras reconocimiento de hechos por parte de los acusados.
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