Un mal precedente

Aunque no estoy de acuerdo con la decisión del tribunal de ese Estado alemán de denegar la entrega de Puigdemont, sólo me he irritado parcialmente con la toma de postura de los jueces. Es cierto que le hacen un flaco servicio a la cooperación judicial europea. Desde hace más de una década España y Alemania están obligadas a la ejecución de las euroórdenes. El tribunal alemán se envuelve en un purismo excesivo argumentando que no percibe que en Puigdemont y sus secuaces haya habido «una violencia suficiente» que se corresponda con el delito de alta traición que recoge el Código Penal teutón.

La argumentación es falaciosa aunque interpretable. Si los hechos acaecidos en Cataluña hubieran ocurrido en cualquier Lander alemán no habría un juez de ese país que no fallara que se estaba «menoscabando la Ley fundamental alemana» y que el Tribunal Supremo germano ya dispuso que «en la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Landers». En otras palabras, que se estaba cometiendo un acto que violentaba la Constitución, en un aspecto sagrado, o, lo que es igual, que se intentaba cometer un golpe de Estado.

No se acaba de entender, en consecuencia, cómo un tribunal de un país que aplica la euroorden y que tiene una Constitución con bastantes puntos de contacto con la nuestra –el 155 es un calco de un artículo alemán– saborea unos remilgos que no tendría si el hecho ocurriera dentro de sus fronteras. Una actitud similar a la de ciertos periódicos europeos influyentes, el «Financial Times», por ejemplo. No se apoya el independentismo pero todo está matizado, hay comprensión hacia sus tesis, no se explica con rotundidad que el referéndum chapuza también sería totalmente ilegal en Alemania, Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos, se pone el énfasis en la «desafortunada» actuación de la Policía sin aclarar que difícilmente podían moverse con guantes de terciopelo ante la pasividad de los Mossos para impedir un acto ilegal, las declaraciones de sus líderes obtienen más espacio que las del Gobierno español o las de políticos constitucionalistas. Unas contemplaciones que ni el tribunal germano ni ciertos órganos mediáticos tendrían con los perpetradores de un golpe de Estado en su país respectivo.

Cabe preguntarse por qué ese tratamiento diferente hacia nosotros, ¿ por qué España sigue a juicio de algunos despidiendo un tufillo franquista, el de una nación que no es descartable que castigue la libertad de expresión? Encontramos, en primer lugar, la querencia foránea a considerarnos un país exótico y peculiar. Un país al que algunos aman ver como atrasado, visceral y primitivo. «Different». Luego emerge el trabajo contumaz y dilatado de los dirigentes independentistas que durante una década, me quedo corto, vienen cortejando a diversos creadores de opinión. Esta labor no se ha visto con claridad hasta muy recientemente. Hasta el pasado octubre. De un lado, el Gobierno descuidó inconscientemente ese flanco.

Luego está el cometido de la oposición. El Gobierno, eficaz con sus colegas europeos, se durmió en el cultivo de los círculos mediáticos extranjeros. Pero tampoco veo que el Partido Socialista, por ejemplo, que hasta hace poco era el más creíble de la oposición, se haya empleado ardorosamente en hacer los deberes. Después de todo, fue el Partido Socialista de Zapatero al que se le ocurrió introducir en el Código Penal el artículo 472 en el que se menciona la violencia que tanto nos está incordiando en la tipificación de la rebelión. Es a lo que se ha acogido el tribunal germano de forma jurídicamente vidriosa. ¿Pero qué pinta la ministra de un aliado de España haciendo declaraciones gratuitamente ofensivas? «Puigdemont está en un país libre». ¿ Acaso España no lo es? La decisión del juez «es la correcta». ¿ Por qué la califica un miembro del Gobierno cuando es discutible? ¿Para darnos una bofetada supletoria? Además era «esperada». ¿Por qué toma partido tildándola de esperada cuando el fiscal pidió lo contrario? Todo tiene un ribete político que crea un mal precedente en Europa para la cooperación judicial. Es un golpe funesto. Deben haber influido esas razones que esbozaba más arriba. Si no fuera así, pensaría que la ministra, al hacer declaraciones inoportunas e innecesarias que crean un sarpullido en las relaciones, se había tomado tres copas momentos antes.