Justicia divina

En el juicio de los ERE le tocó ayer el turno al ex presidente Griñán. Su declaración empezó antes de tiempo porque el ex consejero de Empleo Antonio Fernández se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas del presidente del tribunal. Alegó que sentía miedo y temor, y también estar «tenso y aturdido». «No me veo en condiciones de prestar unas declaraciones con plenas garantías». Pues con el tiempo que ha pasado, si aún sigue asustado por lo que hicieron, es que la cosa es más grave de lo que pensamos.

En esa línea declaró Griñán. Reconoció que las ayudas a empresas en su comunidad fueron «una barbaridad», que se concedían «de forma aleatoria y sin control», y que «hubo un gran fraude». Pero la defensa del antiguo ministro socialista, como ya se vio en el Supremo, se basó en que el fraude no surge en los presupuestos de la Junta, que es a lo que él se dedicaba, sino en la «ejecución del gasto», que correspondía a la Consejería de Empleo. No me extraña que Antonio Fernández tuviera miedo. Pues bien, en esta escenografía en la que unos echan la culpa a otros, hay un personaje que se la echa a todos. El ex interventor de la Junta Manuel Gómez acusó en el Tribunal Supremo a tres consejeros de inacción ante los ERE: José Antonio Griñán, Antonio Fernández y Francisco Vallejo. Además reconoció que emitió 15 informes durante entre 2003 y 2009 –a dos por año– en los que advertía de las deficiencias del sistema que concedía ayudas a las empresas, un fondo que la Junta dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. Menos mal que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, dijo ayer que espera que se haga justicia. Le faltó decir que no fuera divina.