Expertos legales

Ultimamente han salido expertos y enterados en la cosa procesal en cada esquina. Primero fue la prisión permanente revisable; luego si había o no delito de rebelión en el golpe de Puigdemont; y ya, para rematar este afán legal, han surgido multitud de especialistas en el Derecho comparado hispano alemán. Pero como España es un país judicializado –que diría Felipe González– la cosa no ha quedado ahí, y ahora le ha tocado el turno al delito de terrorismo.

Pensaba yo que los jueces y fiscales españoles algo sabían de este tema. Por aquello de la ETA y sus amigos. Pues resulta que tampoco, aunque ejerzan de tales en la Audiencia Nacional o en el mismísimo Tribunal Supremo. Sin ir más lejos, el otro día observé en la tele un debate delirante entre dos seres salidos de un concurso que se afanaban al respecto. Lógicamente, la cosa acabó con la sentencia de uno de ellos: «Lo que pasa es que tú no tienes ni p... idea». Y pasaron a hablar de otra cosa: un lío de cuñadas.

Decir que lo de Alsasua es una riña tabernaria es como decir que a Gregorio Ordóñez lo mataron en una riña durante un almuerzo. Resulta tan ofensivo escucharlo que hasta produce dolor. La realidad es que el 30 de marzo de 2015 se publicó la Ley Orgánica 2/2015, que reformaba en su totalidad los artículos 571 a 580 del Código Penal, relativos a los delitos de terrorismo. Ninguna de las sentencias que se produjeran antes de esta fecha tiene ahora el mismo tratamiento. Y la reforma fue para endurecer las penas, no para rebajarlas, aunque algunos quizá pensaran que el terrorismo se había acabado en España. Hoy, para exista delito de terrorismo, el autor, cómplice o encubridor del delito, debe estar encuadrado en bandas o grupos armados que recurran a la violencia contra las personas o cosas, con la finalidad de causar alarma o pánico en la población.

Pues bien, lo ocurrido en Alsasua entra en este tratamiento legal. Y no lo digo yo, lo dicen el fiscal y el juez de la Audiencia Nacional, que son los que se dedican a este tipo de delitos. Pero, desde el encarcelamiento de los responsables del «procés», hay opinadores y concursantes que no solamente no están de acuerdo con lo que dicen los magistrados, sino que incluso les niegan su derecho a serlo. Así les va.