Los atascos y la polución en grandes ciudades como Madrid y Barcelona son ejemplos de lo que los economistas denominamos «externalidades negativas», es decir, consecuencias de nuestros comportamientos que perjudican a terceros sin su consentimiento. Cuando los individuos podemos endosarles a otros los efectos negativos de nuestras decisiones, entonces tendemos a adoptar tales decisiones de un modo más abusivo.

Por ejemplo, la empresa que contamina tenderá a hacerlo en mayor medida que si ella fuera la única que sufriera la totalidad de los efectos de esa contaminación; y, por la misma razón, si un conductor, al circular por el centro de una gran ciudad, contribuye a atascar o a contaminar las calzadas, también tenderá a hacerlo en mayor medida si una parte de esos perjuicios son padecidos por el resto de los conductores (como sucede habitualmente).

En estas situaciones, los economistas suelen recomendar que las externalidades negativas sean «internalizadas», esto es, que cada cual «pague» la totalidad de los costes que está generando a terceros (compensando, a su vez, a esos terceros).

Sólo de esa manera, cuando somos conscientes de la globalidad de las consecuencias de nuestras acciones, tenderemos a tomar aquellas decisiones que mejor se ajusten a nuestras necesidades y a las de los demás.

Hasta la fecha, sin embargo, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona se han negado a tratar de internalizar las externalidades: al contrario, como «solución» a los problemas derivados de los atascos y de la polución, los consistorios se han limitado a imponer restricciones cuantitativas a la circulación («Mañana queda prohibido aparcar en el centro de Madrid»).

La medida dista de ser óptima, dado que no discrimina entre personas que tienen la urgencia de circular y aparcar por el centro «cueste lo que cueste» y aquellas otras que ni siquiera sienten una fuerte necesidad de coger el coche durante ese día. Por eso, existen otras opciones que resultarían mucho más eficientes y que permitirían una mayor coordinación mutuamente beneficiosa entre los ciudadanos. Por ejemplo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó ayer un largo informe donde analizaba propuestas alternativas a la restricción de la circulación y del aparcamiento para combatir los atasco y la polución; entre ellas, cobrar un peaje de acceso al centro de las grandes ciudades, al estilo del que se aplica en Londres desde el año 2003 o en Singapur desde 1998. A la postre, si en lugar de prohibir absolutamente que se circule o se aparque en el centro, se cobrara una pequeña tarifa (uno o dos euros) por acceder al centro, el tráfico –y los atascos y la contaminación– también se moderarían.

Aquellos residentes que valoraran mucho circular por el centro aceptarían abonar ese pequeño precio; quienes no lo hicieran se negarían a pagarlo contribuyendo así a descongestionar la ciudad.

La recaudación resultante, a su vez, podría utilizarse para costear algunos gastos municipales vinculados con el mantenimiento de las calles, dejando consecuentemente margen para rebajar otros impuestos. Mejor poner un precio a la circulación antes que prohibirla por las bravas.