La manipulación socialista de las pensiones públicas

La revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC aprobada hace unos días por el Gobierno de Pedro Sánchez costará a las arcas públicas 5.300 millones de euros a lo largo de este 2019. Atendiendo a lo cuantioso de la medida, parecería que nuestra Seguridad Social goza de una extraordinaria salud: si podemos permitirnos el lujo de fundirnos extraordinariamente más de 5.000 millones de euros en este ejercicio, será porque las finanzas del organismo están holgadamente saneadas. Pero no. Esta misma semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado un exhaustivo informe donde pone de manifiesto las fragilidades de nuestro sistema público de pensiones: si continuamos revalorizando las pensiones al IPC, aun cuando nos encontremos en un escenario demográfico relativamente optimista, el gasto anual en esta rúbrica pasará del 10,6% en 2018 a una media del 12% entre 2018 y 2048. Esto es un incremento medio del gasto de 1,4 puntos del PIB por año que supondría que nuestra deuda pública en 2048 sea 44 puntos de PIB superior a la actual. Es decir, rondaría el 140% del PIB. Como digo, tales cifras se estiman para un contexto demográfico bastante optimista y alejado del que pronostican otros expertos en la materia: en concreto, la AIReF anticipa unas entradas netas de 270.000 inmigrantes por año (lo que supondría que en 2048 habrán entrado acumulativamente ocho millones de personas), así como un repunte de nuestra demografía (que aumentará desde los actuales 1,3 hijos por mujer a 1,9 a lo largo de las próximas décadas). Evidentemente, si estas dinámicas demográficas no se materializan –y no es en absoluto improbable que no lo hagan–, entonces el futuro será todavía más negro para el sistema público de pensiones. Sea como fuere, aun limitándonos al escenario central de la AIReF, el futuro no es nada halagüeño. Tan es así que este organismo público ha propuesto dos grandes medidas para tratar de cubrir este importante agujero de la Seguridad Social. Por un lado, elevar la edad efectiva de jubilación en un año (desde los 64,5 años que se espera para 2027 a los 65,5); por otro, elevar el período de cálculo de la base reguladora de las pensiones desde los 25 años que estarán vigentes en 2022 hasta 35. Ambas reformas supondrían reducir la tasa de cobertura de las pensiones (la relación entre la pensión media y el salario medio) desde el 57% presente al 53%. El Gobierno de Sánchez no ha tardado en abrazar la primera de las sugerencias de la AIReF, prometiendo implementar cambios que incentiven una jubilación voluntaria más tardía y penalizar las jubilaciones anticipadas. Pero no esperemos que sólo estos parches vayan a ser suficientes: en un futuro no muy lejano, veremos nuevos tijeretazos en las condiciones de acceso a la pensión, todo lo cual sólo refleja la bancarrota parcial en la que se halla sumergido el sistema, pues es incapaz de cumplir los compromisos asumidos con sus ingresos por cotizaciones. La manipulación política de la Seguridad Social ilustra perfectamente la trampa general que incluyen los presupuestos de Sánchez: pan para hoy (lluvia de gasto público antes de las elecciones) y hambre para mañana (recortes futuros por la insostenibilidad de ese sobregasto presente). Que el PSOE esté revalorizando las pensiones al IPC mientras la propia AIReF nos está diciendo que el sistema no va a aguantar en su forma actual sólo pone de manifiesto el extremo cortoplacismo de este Gobierno: mantenerse en el poder caigan quien caiga.

Fitch no se cree al Gobierno

La agencia de calificación Fitch no se cree los presupuestos de Sánchez. No sólo porque considere que nuestro crecimiento vaya a ser menor del anticipado por los socialistas (2,1% del PIB frente al 2,2%), sino porque pronostica que la recaudación de los nuevos impuestos que pretende aprobar el Gobierno será sustancialmente inferior al prometido. De este modo, 2019 no cerraría con un déficit del 1,3% del PIB (tal como nos hemos comprometido con Bruselas), ni siquiera con uno del 1,8% del PIB (tal como aseguró el Ejecutivo antes de que el PP reiterara su oposición a aumentar el techo de gasto), sino en el 2,1%. En definitiva, España seguirá endeudándose a un ritmo mucho mayor al autorizado por las instituciones europeas, a pesar de la brutal subida de impuestos que los socialistas planean implementar.

Sánchez encarece el gasóleo

Finalmente, y a pesar de las presiones recibidas, el Ejecutivo ha incluido en su anteproyecto de presupuestos la subida del diésel. El combustible se encarecerá 4,6 céntimos por litro para, supuestamente, reducir su demanda y frenar nuestra influencia sobre el cambio climático. Ésa es, al menos, la explicación oficial: en realidad, hay colectivos que utilizan muy intensamente el gasóleo y que, sin embargo, no van a verse afectados por esta subida. Me refiero a los profesionales. Nada más lejos de mi intención castigar a más españoles con más impuestos, pero desde luego no resulta nada coherente con las justificaciones del Ejecutivo el que se implemente un impuesto para reducir nuestras emisiones de CO2 y que haya decidido eximir del mismo a algunos de los colectivos que más CO2 emiten.

Trump duplica los aranceles

De acuerdo con algunos analistas, la escalada proteccionista que ha protagonizado Donald Trump durante 2018 sólo tiene un propósito negociador: amenazar a sus socios comerciales con aranceles más altos para que ellos procedan a reducir los suyos. De ser así, el objetivo último del republicano no serían mayores aranceles, sino menores. La realidad es que, hasta el momento, ha ocurrido todo lo contrario: de acuerdo con la Reserva Federal, el arancel medio que impone EE UU a todas sus importaciones ha aumentado desde el 1,6% a comienzos de 2018 hasta el 3,3% a finales. Los estadounidenses se enfrentan a más del doble de aranceles que cuando Trump llegó al poder. Parte de ellos serán soportados por los productores extranjeros, pero otra parte significativa lo están siendo por los propios ciudadanos estadounidenses.