Nadie quiere enterrar la hucha de las pensiones

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado en 2000 por el Gobierno de José María Aznar con un capital inicial de 600 millones de euros. En aquel momento, se nos vendió como la garantía definitiva a la sostenibilidad de las pensiones públicas: una hucha que iría acumulando el ahorro de los ejercicios en los que el sistema contara con superávit para, ulteriormente, emplearlos en cubrir cualquier desequilibrio negativo entre ingresos y gastos. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, el fondo recibió abultadas aportaciones anuales por parte de la Administración Pública, lo que permitió inflar su posición patrimonial hasta los 66.800 millones de euros en 2011.

A partir de ese momento, conforme se fueron agotando las prestaciones de desempleo (y, por tanto, también las cotizaciones sociales) de aquellos trabajadores que cayeron en paro durante los primeros años de la crisis, la Seguridad Social entró en déficit y el Fondo, lejos de seguir engordando como hasta la fecha, entró en una etapa continuada de adelgazamiento que ha persistido hasta hoy. Tanto el Ejecutivo de Rajoy como el de Sánchez fueron disponiendo de los recursos de ese Fondo para cubrir parte del agujero financiero exhibido por las pensiones públicas: de ahí que, en la actualidad, esa hucha que iba a garantizar «saecula saeculorum» la sostenibilidad del sistema público apenas cuente con unos capitales propios de poco más de 5.000 millones de euros; algo así como un trimestre del presente déficit de la Seguridad Social.

Atendiendo a su delicada situación financiera, pues, lo esperable sería que el Fondo fuera liquidado este año mismo. Una vez extraído el último euro de la hucha, y ante la nula perspectiva de que vuelva a contar con entradas netas de capital durante las próximas décadas, lo lógico sería clausurarlo sin mayor demora.

Sucede que, a la hora de la verdad, ningún Ejecutivo quiere pasar a la historia como aquel que liquidó definitivamente la hucha de las pensiones, motivo por el cual todos, tanto en su momento Rajoy como ahora Sánchez, están prorrogando el levantamiento del cadáver. Sin ir demasiado lejos, el anteproyecto presupuestario de PSOE-Podemos prevé que el Estado preste 15.000 millones de euros a la Seguridad Social (en realidad, no se trata de un préstamo sino de una transferencia unilateral, dado que la Seguridad Social jamás podrá amortizar semejante crédito) y que, a su vez, la Seguridad Social eche mano de 3.700 millones de la hucha de las pensiones (lo que lo dejará con menos de 1.500 millones de euros). Por ambas vías, pues, el Gobierno espera financiar un déficit que continuará ubicándose cerca de los 20.000 millones de euros anuales. Ahora bien, la cuestión a plantear es muy evidente: ¿por qué el Ejecutivo no utiliza la totalidad de los recursos del Fondo para sufragar el agujero de las pensiones y, gracias a ello, limita a 13.500 millones de euros el préstamo del Estado a la Seguridad Social?

Pues por pura propaganda política: no quieren cargar con el sambenito de haber sido el liquidador del Fondo de Reserva. Pero el Fondo ya está totalmente muerto. Sólo resta enterrarlo.