Opinión

En contra de las tasas Tobin y Google

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar dos nuevos impuestos que socavan las bases productivas y financieras de la economía: la (mal) llamada Tasa Tobin y la (mal) llamada Tasa Google. Con ambas medidas, el Ejecutivo dice que aspira a recaudar más de 2.000 millones de euros anuales; en realidad, será bastante menos: en un reciente informe, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuantificó la recaudación en un máximo de 1.818 millones de euros y en un mínimo de 966 millones. Sin embargo, los daños que ambas figuras tributarias generarán sobre nuestra economía serán sustancialmente mayores. Empecemos con la «Tasa Tobin»: en realidad, no se trata de una tasa, sino de un impuesto del 0,2% sobre la compraventa de acciones emitidas en España por empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros (impuesto que, para más inri, ni siquiera fue defendido en su configuración actual por el economista James Tobin, a quien erróneamente se le atribuye su paternidad intelectual). Las consecuencias de este impuesto serán dobles: por un lado, reducirá la liquidez de estos títulos financieros –puesto que menos inversores estarán dispuestos a efectuar transacciones con estos activos por cuanto tendrán que cargar con el pago del impuesto– y, por otro, y derivado de lo anterior, las empresas afectadas lo tendrán más complicado para captar nuevo capital emitiendo nuevas acciones en nuestro país –dado que los potenciales inversores sabrán que estarán adquiriendo títulos de los que ulteriormente les será más complicado desprenderse–. Es decir, la «Tasa Tobin» significará menos liquidez para los ahorradores y menos inversión entre las grandes empresas nacionales: y, justamente, lo que necesita la economía española para transformar su modelo productivo hacia sectores con un mayor valor añadido es ahorro e inversión, las dos variables que el PSOE penalizará. Sigamos con la «Tasa Google»: en realidad, tampoco se trata de una tasa sino de un impuesto del 3% sobre los ingresos obtenidos en concepto de servicios de publicidad online, de intermediación por internet o de venta de datos digitales por parte de empresas que facturen en España más de 750 millones (impuesto que, para más inri, tampoco afecta en exclusiva a Google, sino a cualquier empresa que proporcione servicios digitales en nuestro país, tales como Amazon, Facebook o Uber). Según el Gobierno, el elevado umbral de la cifra de negocios mínima para hallarse sujeto a este impuesto hará que las pymes no tengan que preocuparse por él, pero no es así. Muchas pequeñas y medianas empresas carecen de infraestructura para anunciarse eficazmente en internet o para implementar servicios de venta online: por ello, contratan los servicios de publicidad online que les proporcionan algunas grandes empresas (por ejemplo, los anuncios que aparecen en las búsquedas de Google o en los perfiles de Facebook) o los servicios de intermediación digital que también les proporcionan otras grandes empresas (por ejemplo, el Amazon Marketplace, a través del cual cualquier compañía puede colocar sus productos en el escaparate de Amazon y, a su vez, subcontratar la gestión del envío o de las devoluciones). Todos estos servicios que Facebook, Google o Amazon ofrecen facilitan que las pymes den el salto hacia la digitalización y la internacionalización, y se verán gravados en perjuicio no sólo de sus proveedores (las grandes empresas) sino también de sus clientes (las pequeñas empresas, a las que se les repercutirá todo o parte de este nuevo impuesto). En otras palabras, la «Tasa Google» significará menor digitalización de la economía y, por tanto, menor competitividad y potencial exportador: y, justamente, lo que también necesita la economía para continuar creciendo de manera sostenible es digitalizarse e internacionalizarse, dos actividades que el PSOE penalizará. En definitiva, la economía necesita ahorro e inversión para digitalizarse e internacionalizarse: la «tasa Tobin» ataca el ahorro y la inversión, mientras que la «tasa Google» ataca la digitalización y la internacionalización. En lugar de recortar el gasto público, el Gobierno socialista apuesta por continuar parasitando las bases financieras y productivas del desarrollo de la economía.