El éxito de las medidas liberalizadoras

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al año 2018 son contundentes: desde que en 2014 comenzara la recuperación, el mercado laboral español ha generado 2,43 millones de empleos, de los cuales 1,27 millones han sido contratos de carácter indefinido y, de ellos, 1,22 millones han sido adicionalmente empleos indefinidos y a jornada completa. O expresado con otras palabras, desde 2014, la economía española ha creado anualmente una media cercana a 250.000 empleos de carácter indefinido y a jornada completa. De hecho, la tasa de paro a cierre de 2018 (14,4%) se ubica muy cerca de la existente a finales de 2008 (13,8%) con la diferencia de que la tasa de temporalidad es hoy un punto más baja que entonces (27,7% en 2008 frente a 26,8% en 2018).

A tenor de estos contundentes datos, el éxito de la reforma laboral parece bastante evidente: España crea empleo a un ritmo muy elevado y lo hace sin aumentar el grado de precariedad existente antes de la crisis (acaso reduciéndolo muy ligeramente). Siendo así, toda la simplona demagogia de la izquierda patria en contra de una de las pocas reformas moderadamente liberalizadoras que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería ser puesta irremediablemente en cuarentena: no en vano, desde las tribunas mediáticas y políticas de la izquierda –tanto desde PSOE como desde Podemos– hemos venido escuchando durante el último lustro que la reforma laboral de 2012 estaba condenando a España al desempleo y al subempleo, motivo por el cual resultaba urgente derogarla tan pronto como se llegara al poder.

Ahora mismo, la izquierda controla el poder Ejecutivo y acaso fuera capaz de conjurar una mayoría parlamentaria dentro del poder Legislativo que resultara suficiente para derogar la reforma laboral. Pero hasta el momento, y pese a la urgencia social, todavía no se ha iniciado ninguna ofensiva contrarreformista. Es más, el PSOE no duda en sacar pecho por los buenos datos de la EPA aun cuando son, en esencia, los mismos que en años anteriores exhibía nuestra economía y que él mismo denostaba por gestarse bajo el mandato de Mariano Rajoy. En el fondo, la propia izquierda es consciente de que sería una terrible equivocación tratar de dar marcha atrás en el marco laboral español, y lo sería esencialmente por dos motivos.

Primero, la reforma laboral ha introducido flexibilidad en la fijación de los salarios españoles, otorgando prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial y facilitando el descuelgue de este último por parte de las pymes. Gracias a ello, se pudieron salvar una ingente cantidad de empleos durante la fase más devastadora de la recesión. De acuerdo con los cálculos del BBVA Research, gracias a la reducción de las rigideces salariales a partir de 2012, la economía española evitó la destrucción de 900.000 empleos (equivalentes a casi dos años de creación de puestos de trabajo al ritmo actual); y, de hecho, si Zapatero no se hubiese obstinado en bloquear cualquier liberalización laboral y, en cambio, hubiese aceptado abrir el mercado de trabajo con una reforma similar a la de 2012, la economía habría salvado dos millones de empleos de los que finalmente se destruyeron. Derogar ahora la reforma laboral, pues, nos expondría al riesgo de volver a destruir masivamente empleo en cuanto volvieran a venir mal dadas las circunstancias.

Segundo, la reforma laboral, al estrechar el diferencial entre el coste del despido de trabajadores temporales y el de los trabajadores indefinidos, ha contribuido a reducir –no a incrementar– la tasa de temporalidad en nuestro país. De acuerdo con Fedea, la reforma laboral ha incrementado la probabilidad de que los parados encuentren un empleo indefinido en un 51,3% frente a la situación pre-reforma. Es verdad que, aún hoy, resulta mucho más probable que un parado salga del desempleo dando el salto a un puesto de trabajo temporal, pero eso también sucedía antes de la reforma. O dicho de otro modo, ésta no ha empeorado la precariedad de nuestra economía sino que lo ha mejorado aunque no lo suficiente.

Si nuestros políticos se preocuparan honestamente por la situación de los parados y de los trabajadores temporales, no impulsarían una contrarreforma laboral que tan sólo empeorará su situación. Al revés: lo que tratarían de hacer es buscar aquellos aspectos que son muy mejorables dentro de nuestro actual marco laboral y proponer cambios sensatos. Por ejemplo, seguir combatiendo la dualidad de nuestro mercado de trabajo disminuyendo el diferencial en la indemnización entre el coste del despido de temporales e indefinidos; o, verbigracia, dotando de mayor flexibilidad interna a las pymes para que puedan ajustar su situación a la de la coyuntura de la economía. En definitiva, si la izquierda estuviera preocupada por los trabajadores no buscaría abrogar la reforma laboral sino profundizar en ella. Pero claramente los socialistas tienen otros objetivos –y prejuicios– en mente.