Cuatro reflexiones sobre la huelga

Finalmente, la huelga de los taxistas madrileños ha sido desconvocada. Tras 16 días de lo que, con mayor rigor, debería haberse calificado como «cierre patronal», el taxi vuelve a circular por las calles de la capital de España sin haber conseguido ningún tipo de contrapartida por parte del Ejecutivo presidido por Ángel Garrido. Varias deberían ser las conclusiones a extraer de semejante polémica. Primero, los lobbies siempre van a intentar organizarse para cabildear al regulador con el objetivo de obtener privilegios a costa del resto de ciudadanos: a la postre, las medidas extraordinarias que los taxistas exigieron aplicar a las VTC en Cataluña
–y que fueron finalmente concedidas por la Generalitat– no trataban de mejorar en nada la calidad de su servicio para el usuario (al contrario, trataban de empeorarlo imponiendo un período mínimo de precontratación o la prohibición de la geolocalización), sino que únicamente pretendían erigir barreras competitivas para forzar al ciudadano a convertirse en un usuario-rehén del taxi. Segundo, el regulador, si así lo desea, puede evitar ser capturado por los lobbies que lo presionan: a diferencia de lo que ha sucedido con el Govern catalán, el Ejecutivo madrileño se ha mantenido firme a la hora de no ceder ni un milímetro en las reivindicaciones de los taxistas y, al final, ha conseguido doblarle el pulso al gremio del taxi. El contraste con la actitud sumisa de la Generalitat catalana resulta enormemente ilustrativo y pone de relieve dos modelos de sociedad antitéticos: uno donde el gobernante cede a las peticiones, por irracionales y contrarias al interés general que éstas sean, de quienes protestan incluso recurriendo a la violencia y otro donde los gobernantes se mantienen neutrales frente a las dinámicas competitivas del mercado. Tercero, aun cuando los taxistas hayan fracasado en esta movilización, no deberíamos olvidar que la libertad económica en el sector del alquiler de vehículos con conductor todavía se halla enormemente restringida: sólo aquellas personas con una licencia de taxi o una autorización VTC pueden prestar este servicio, lo que indudablemente redunda en mayores precios y en peor calidad para el usuario final. Lejos de quedarnos de brazos cruzados tras el fracaso de la huelga, deberíamos proceder a liberalizar plenamente el sector para que cualquier persona, apenas cumpliendo unos requisitos mínimos, pueda proporcionar el servicio de alquiler de vehículo con conductor. Y cuarto, la anterior liberalización no es incompatible con una necesaria racionalización del tráfico: los 16 días de huelga han mostrado cómo una parte significativa de los problemas de atascos y de polución de Madrid se deben no al excesivo número de personas con licencia de taxi, sino a la ocupación de las calles de la capital por parte de una flota de taxis que circulan vacíos durante muchos momentos de su jornada laboral. La huelga –y sus efectos positivos sobre el tráfico y la contaminación– ha de llevarnos a buscar modelos alternativos de organizar la movilidad en nuestras ciudades (por ejemplo, restringir el tiempo que pueden los taxis y las VTC pueden circular vacíos por la ciudad). Aprovechemos este intento (fallido) de chantaje como una oportunidad para mejorar nuestras ciudades.