Sánchez se olvida de la deuda pública y falsea el déficit

La deuda pública española cerró 2018 en 1,17 billones de euros, muy cerca de su máximo histórico (que justamente se alcanzó el pasado mes de septiembre, con 1,175 billones de euros). A lo largo del último año, el endeudamiento ha aumentado en 25.000 millones de euros, 15.000 de los cuales se han emitido desde que Pedro Sánchez alcanzó La Moncloa. Puede que la enormidad de las cifras nos impida comprender su mayúsculo alcance, así que acaso convenga traducirlas a unos guarismos que nos resulten más inteligibles: 1,17 billones de euros equivalen al 97% del PIB o a 63.580 euros por familia española. Si los tipos de interés medios que abonamos por nuestra deuda ascendieran desde los actuales niveles hasta otros más comunes en nuestra historia –como el 4% o el 5%–, el gasto financiero del Estado ascendería a una horquilla compredida entre los 45.000 y los 60.000 millones de euros anuales. A saber, más de lo que cuesta todo el sistema de educación pública y concertada.

La magnitud del problema debería ser evidente para cualquier economista moderadamente prudente, sobre todo en un contexto de abierta desaceleración de nuestra actividad. Cuanto menos crezcamos, menos se expandirán nuestros ingresos y, por tanto, menor será nuestro margen futuro para taponar el déficit y comenzar a amortizar la deuda pública. Sin embargo, es bien sabido que el actual Ejecutivo no sólo ha desatendido por entero los objetivos de estabilidad presupuestaria –durante meses estuvieron presionando a Bruselas para que aceptara una elevación del objetivo de déficit para 2019 desde el 1,3% del PIB al 1,8%–, sino que incluso ha llegado a manipular su proyecto de presupuestos para ocultar una desviación incluso superior al objetivo oficioso de déficit: el 1,8% del PIB.

El Banco de España ya alertó en su momento de que las cuentas del Gobierno contenían un agujero 8.500 millones de euros mayor que el pactado con Bruselas. Asimismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó que esa desviación podía alcanzar los 11.000 millones de euros. Expresado con otras palabras, de acuerdo con dos de nuestros organismos públicos más cualificados, el déficit público de 2019 se habría elevado hasta el 2,1%-2,3% del PIB aun aprobando las cuentas de Sánchez. El Ejecutivo siempre lo negó, alegando que sus presupuestos-trampa cumplían exquisitamente con las directrices comunitarias en materia de déficit.

Pero hete aquí que, al decaer tales presupuestos, el propio Gobierno socialista ha terminado admitiendo que estaban grotescamente manipulados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado a PP y Cs por rechazar sus cuentas, algo que a su juicio llevará a que el déficit público se eleve hasta el 2,4% del PIB. Sin embargo, los presupuestos únicamente contenían subidas impositivas por valor de 5.600 millones (el 0,5% del PIB), lo que significa que, aun con presupuestos, el déficit se hubiese situado en torno al 1,9%-2% del PIB, muy lejos del 1,3%. Además, teniendo en cuenta que el proyecto socialista de presupuestos también aumentaba notablemente el gasto público con respecto a 2018, es fácil llegar a la conclusión de que las estimaciones del Banco de España y de la AIReF eran del todo acertadas: Sánchez trató de aprobar unas cuentas manipuladas que casi duplicaban el objetivo de déficit de 2019.

Es evidente, pues, que el PSOE no se ha tomado en serio los retos financieros que nos amenazan, ha desatendido la gestión de la deuda pública y ha llegado a falsear el déficit en su proyecto de presupuestos. Y un partido que soslaya los problemas de endeudamiento de España debería quedar descalificado para gobernar nuestro país en la actual coyuntura. No necesitamos un Zapatero-bis.