¿Novedad hipotecaria?

El Congreso aprobó este pasado jueves una reforma de la Ley Hipotecaria dirigida supuestamente a incrementar el grado de protección jurídica del hipotecado. La modificación era una vieja exigencia de Bruselas que llevaba varios años aparcada por los políticos españoles y que ha terminado siendo aprobada al cierre de la presente legislatura. Las líneas maestras de esta nueva ley no son obra del PSOE, por mucho que haya sido su gobierno bajo el que semejante normativa haya salido finalmente adelante, sino del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Ahora bien, ¿realmente era necesario un cambio en la Ley Hipotecaria?

A la postre, la legislación hipotecaria española ha funcionado de un modo harto razonable durante las últimas décadas: que cerca del 80% de nuestras familias sean propietarias de su propia vivienda revela que el marco regulatorio resultaba enormemente eficaz para coordinar a prestamistas y prestatarios. Durante la crisis económica se generalizó la idea de que los bancos habían abusado de los hipotecados, imponiéndoles gastos, comisiones y condiciones que en realidad los deudores bien informados jamás habrían aceptado (como de manera paradigmática sucedía con las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa).

En este sentido, la nueva normativa pretende proporcionar un marco de protección previa al usuario, impidiendo condiciones que el legislador considera abusivas, como las cláusulas suelo, las altas comisiones de amortización anticipada, la obligación de contratar otros productos financieros o la imposición al cliente de la mayoría de gastos hipotecarios. Esto es, la norma parece dar más seguridad a los ciudadanos en sus relaciones con la banca e incluso busca que ésta asuma una mayor porción de los costes relacionados con la suscripción de una hipoteca. Sin embargo, no deberíamos esperar demasiado de la nueva ley: aunque formalmente se les impongan nuevas obligaciones y costes a los bancos, éstos lo tendrán bastante sencillo para repercutírselos a los clientes (por ejemplo, incrementando los tipos de interés de la hipoteca).

Sí, el banco se hará formalmente cargo de los gastos de notaría o de registro, pero se los cargará indirectamente al ciudadano en forma de un mayor coste financiero. De hecho, el Congreso decidió preservar el único gasto que sí podría haber sido eliminado de la firma de una hipoteca, a saber, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Pese a que el PP propuso su eliminación, PSOE y Podemos se aliaron para mantenerlo en vigor. La nueva ley no servirá para mucho, salvo para hacernos creer que estamos más protegidos a la hora de contratar una hipoteca.