¿Deben cotizar los robots?

La cercanía electoral ha hecho naufragar el acuerdo que preparaba el Pacto de Toledo para vender humo a los españoles acerca de la pésima situación en la que se halla nuestro sistema de pensiones. Aun así, la prensa sí ha filtrado algunas de las propuestas que querían incluirse en este documento consensuado por la mayoría de fuerzas políticas y acaso la más pintoresca sea ésa que abogaba por fijar cotizaciones sociales sobre los robots. El razonamiento es aparentemente muy simple: si a lo largo de los próximos años los robots van a ir desplazando de sus ocupaciones a los trabajadores, resulta del todo razonable que los robots pasen a cotizar a la Seguridad Social en sustitución de los propios trabajadores.

Sin embargo, se trata de una propuesta enormemente problemática sobre la que habría que recapacitar seriamente. Primero, ¿por qué se habla de «cotizaciones sociales» de los robots? Las cotizaciones son contribuciones que llevan aparejadas prestaciones sociales futuras: si los robots «cotizan» a la Seguridad Social, ¿acaso se plantea la opción de que cobren pensiones en el futuro? No lo parece, en cuyo caso no deberíamos hablar de una cotización social de los robots, sino de un impuesto nuevo y específico sobre los robots. Segundo, ¿conviene gravar tributariamente a los robots? De entrada, el criterio para distinguir un robot de una maquinaria no robótica es muy confuso. Técnicamente, un robot es «una máquina capaz de desarrollar una serie de acciones complejas de manera automática». ¿Dónde trazar la frontera de «acciones complejas automáticas»?

A la postre, cada vez un mayor número de tareas son automatizadas por la nueva maquinaria pero no parece demasiado claro que toda nueva maquinaria deba ser calificada como robot. Y en tal caso, los políticos gozarán de una enorme arbitrariedad para decretar que algunas máquinas estén exentas de impuestos y otras, en cambio, penalizadas con ellos. De hecho, en tercer lugar, éste sería el gran problema al que nos enfrentaríamos: un impuesto a la inversión en maquinaria es un impuesto dirigido a frenar el aumento de la productividad en nuestro país y, por tanto, la progresiva mejoría de las condiciones de vida.

Tan es así que no está ni mucho menos claro que el aumento de la densidad de los robots vaya a quitarnos el empleo, no al menos en aquellas economías que más rápidamente se roboticen y, en consecuencia, más rápidamente se coloquen a la vanguardia de la economía mundial: los países que a día de hoy cuentan con más robots per cápita son Corea del Sur, con 710 robots por cada 10.000 trabajadores manufactureros; Singapur, con 658; Alemania, con 322; y Japón, con 308. Muy lejos queda España, con 157.

Pues bien, estos cuatro países muy robotizados disfrutan de pleno empleo justamente porque están consiguiendo mantener unos altos estándares de competitividad global (gracias a la robotización): penalizar fiscalmente la inversión interna en robots sí nos conducirá a un estancamiento económico que se traduciría en menor cantidad de empleos y en peores salarios. Señores políticos, dejen sus desastrosas ocurrencias fuera de la Seguridad Social.