Obscena compra de votos

Sabemos que, en los peores tiempos de la república romana, los senadores acostumbraban a comprar el voto de los ciudadanos con prebendas varias, ya fuera entregando sumas de dinero en metálico o incluso organizando espectáculos varios. Para tal menester, los senadores se valían de su propio patrimonio: pertenecían habitualmente a las clases acaudaladas de la sociedad y decidían emplear su riqueza en ese particular asunto (por cuanto luego eran capaces de recuperar su inversión merced al uso personalista de su poder político). Desde entonces, la compra de votos ha sido vista como una de las vías menos controvertidas de corromper y socavar la democracia, de ahí que la adquisición de votos sea una actividad formalmente prohibida por parte de todos los sistemas penales. Ahora bien, aunque la compra privada de votos sea considerada un punible fraude electoral, la compra indirecta de votos con dinero público goza de un amplio predicamento entre nuestros políticos y, muy en particular, entre aquellos que en cada momento controlan el presupuesto estatal. A este respecto, las últimas decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constituyen un caso de obscena compra de votos con el dinero del conjunto de los contribuyentes. Primero, recordemos que la fecha electoral del 28 de abril se escogió con un único propósito: maximizar las opciones de reelección de Pedro Sánchez; en caso de haber agrupado todos los comicios al superdomingo electoral del 26 de mayo, el ahorro de gasto podría haber rondado los 200 millones de euros. Segundo, el pasado viernes el Gobierno aprobó un paquete de medidas contra el cambio climático entre las que destaca una partida de 2.686 millones de euros (entre 2019 y 2025) para facilitar la transición hacia el coche eléctrico. Tercero, pese a la crítica situación de la Seguridad Social y a la ruptura del Pacto de Toledo, Sánchez pretende garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC en el año 2020, medida que supondrá un sobrecoste de 2.000 millones de euros. Cuarto, la contrarreforma laboral que planea impulsar el Ejecutivo socialista incluye recuperar el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, lo que supondrá un coste adicional de 330 millones de euros. Quinto, el Gobierno también ha anunciado que aprobará por decreto un paquete de «medidas sociales» como la elevación de las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad, la ampliación del permiso de paternidad o la cotización social de los cuidadores no profesionales, todo lo cual supondrá un gasto extra de más de 700 millones de euros. Y, finalmente, el Ejecutivo también está ultimando una oferta de empleo público que rondará las 35.000 plazas. Todas estas medidas pretenden ser, además, aprobadas por decreto-ley antes de las elecciones: un instrumento que la Constitución reserva para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Al parecer, pues, la extraordinaria y urgente necesidad debe de ser la de un Pedro Sánchez menesteroso de nuestro dinero para así poder dedicarlo a comprar votos a golpe de talonario y, en última instancia, mejorar sus opciones de permanecer atornillado en la poltrona monclovita.