Más pisos vacíos cerrados

El precio de los alquileres sube cuando la demanda de vivienda para arrendar supera su oferta. Como cualquier estudiante de economía básica sabe, la demanda tiende a crecer o porque aumenta el número de compradores o porque los compradores existentes cuentan con un mayor poder adquisitivo. En buena parte de las grandes ciudades españolas se han producido ambos fenómenos durante los últimos tres años. Tomemos, el ilustrativo caso de la Comunidad de Madrid. Desde 2015, el número de residentes en esta región se ha incrementado en más de 186.000; asimismo, el número de ocupados ha aumentado en 190.000. Más madrileños y con mayores ingresos significa mayor demanda de vivienda. Si esa expansión de la demanda de inmuebles se hubiese contrarrestado con un alza de su oferta, un efecto podría haber compensado al otro. Desgraciadamente, durante los últimos tres ejercicios únicamente ha crecido la disponibilidad de viviendas en poco más de 30.000 unidades. El resultado de una demanda al alza y de una oferta congelada ha sido unos precios en persistente escalada. Así, en lugar de rectificar los errores cometidos en el pasado, el Gobierno socialista se sigue empeñando en repetirlos de nuevo. El nuevo decreto de alquileres del Ejecutivo no sólo se dedica a buscar falsos chivos expiatorios a los que culpar de la inflación de precios, sino que desatiende cualquier posible medida que realmente fuera efectiva para revertir la expansión de las rentas inmobiliarias que estamos experimentando. Las dos principales novedades que contiene este decreto son la prolongación del período mínimo del contrato de alquiler hasta los cinco años para los particulares y de cinco a siete años para las personas jurídicas y, por otro, la indexación obligatoria de los contratos de alquiler al IPC. Ambas medidas promoverán lo contrario, restringirán todavía más la oferta de inmuebles en arrendamiento en lugar de impulsarla. Los particulares, a quienes se les obliga a perder la disponibilidad de su vivienda durante un lustro, se lo pensarán dos veces antes de sacar su inmueble al mercado. No en vano, si quisieran enajenar el piso antes, la venta debería producirse con el inquilino dentro, lo que evidentemente restaría de un modo muy considerable el atractivo de ese inmueble para los potenciales compradores. Asimismo, si los propietarios estiman que durante los próximos años los precios de los alquileres seguirán subiendo de manera muy acelerada, se negarán a arrendarlo por ahora para que no les impongan durante cinco años una revalorización del precio limitada al IPC. En suma, más pisos vacíos y, por tanto, menor disponibilidad de vivienda ante una demanda creciente: precios todavía más altos. Sólo hay un camino a seguir si queremos abaratar los alquileres: incrementar la oferta de vivienda. Ya sea ampliando la seguridad jurídica de los propietarios, facilitando nuevo suelo, permitiendo un incremento de la densidad del suelo ya edificado o mejorando el atractivo de los suburbios para que se conviertan en alternativas al centro. No hay más.