Subsidios en vez de oportunidades

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó hace poco más de dos meses una subida histórica del salario mínimo. Se elevó hasta 900 euros mensuales (en realidad, 1.050 euros, si lo prorrateamos en doce pagas) en el que fue el incremento más notable de la historia de nuestro país. Aumentar el salario mínimo, al igual que otras regulaciones laborales que planea aprobar este Gobierno, encarece el coste de contratar a un parado y vuelve más improbable la incorporación al mercado laboral de muchos desempleados. Semejante efecto, de acuerdo con el Banco de España, resulta especialmente intenso en el caso de dos colectivos de trabajadores: los jóvenes y los mayores de 45 años.

Son ellos quienes tienden a ser contratados en menor medida por los empresarios cuando su coste laboral se incrementa (los jóvenes, porque carecen de experiencia previa; los parados mayores de 45 años, porque muchos sólo cuentan con experiencia en empresas o sectores distintos de aquellos que podrían contratarlos). Nuevamente, el Banco de España estima que 125.000 personas podrían dejar de encontrar un empleo como resultado de la subida del SMI, y tal destrucción estará concentrada en estos dos colectivos. Obviamente, que una persona sea incapaz de incorporarse al mercado laboral y, en consecuencia, de obtener una fuente de renta con la que impulsar su vida y la de sus familiares, constituye un drama personal ante el que es difícil cerrar los ojos. ¿Qué hacer con todos aquellos que no pueden salir adelante por sus propios medios?

Existen, en esencia, dos posibilidades por las que podría haber optado cualquier Ejecutivo. La primera es eliminar todos aquellos obstáculos regulatorios que les impiden encontrar un empleo e ingresar un salario. Es decir, el Gobierno podría rectificar sus recientes decisiones generadoras de paro (como la subida del SMI) y profundizar en la liberalización de nuestro mercado laboral para que, de ese modo, muchos de los que hoy son incontratables a partir de los 45 años pasen a ser contratados. Semejante opción aumentaría la autonomía de las personas en tanto en cuanto las convertiría en protagonistas de su propio desarrollo individual. La segunda posibilidad es subsidiar el desempleo: si existe una bolsa estructural de parados y no deseas fomentar su empleabilidad, entonces sólo quedará transferirles regularmente un monto de renta para que puedan subsistir sin un trabajo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado claramente por ese segundo camino. Ampliar el subsidio para mayores de 55 años a los mayores de 52 años, esto es, transferir hasta la jubilación una renta mensual de 430 euros mensuales a quienes superen la edad de 52 años y estén en el paro. El objetivo del Gobierno es claro: tirar la toalla respecto a la oportunidad de emplear a este colectivo de trabajadores y subsidiarlos hasta que accedan a la pensión de jubilación. Prefiere condenar al paro a parte de la población española y subvencionar la pobreza antes que fomentar las oportunidades de creación de nuevo empleo. El socialismo se preocupa tanto por los pobres que opta por multiplicarlos y consolidarlos.