Opinión
El festival del orgullo nuclear
Bruselas será la segunda ciudad europea en acoger este festival, que aglutina a varias organizaciones pronucleares. El cambio climático, la urgencia por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los planes del cierre progresivo de instalaciones en países de la OCDE han reabierto el debate sobre el futuro de la energía atómica en el camino hacia el desarrollo sostenible.
El próximo 28 de abril, Bruselas se prepara para una manifestación de orgullo, en este caso de orgullo nuclear. Su propulsor, el activista por el medio ambiente Michael Shellenberger, quiere agrupar a las organizaciones pronucleares de un país que ya ha anunciado su intención de clausurar sus plantas e independizarse de esta energía para 2025. Será la segunda vez que se celebre tan curioso evento; el primer tuvo lugar hace unos meses en Alemania, país cuyo gobierno también decidió el cierre de sus centrales justo después del accidente de Fukushima en Japón (el segundo peor desastre nuclear que tuvo lugar hace ahora 18 años).
Shellenberger es un reconvertido, un activista que luchó contra esta energía durante años y que ahora con su organización Environmental Progress proclama por todo el mundo sus beneficios -en España ha estado de visita recientemente invitado por Foro Nuclear-. “Tras viajar por todo el mundo como voluntario, me di cuenta de que hay una relación directa entre consumo energético y la pobreza y el nivel de renta per cápita”, dice. La primera Nuclear Pride se celebró con 200 asistentes de unas 12 organizaciones de Francia, Holanda, Estados Unidos y Dinamarca, países que cuentan con esta energía en su mix, pero es que además de la sorpresa que supuso la acogida de la iniciativa, confiesa el activista, su grupo ha conseguido parar el cierre de algunas plantas en EE UU durante 2018.
La nuclear vive un, cuanto menos, curioso momento en todo el mundo. El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el cambio Climático alertó a finales de 2018 de la acuciante necesidad de reducir las emisiones de CO2, uno de los principales gases causantes del calentamiento global, para 2030. La Asociación Nuclear Mundial no tardó en reaccionar: “El informe concluye que lograr la meta 1.5 C requerirá que las emisiones globales de gases de efecto invernadero empiecen a reducirse casi de inmediato y esto, un cambio más rápido hacia una electricidad baja en carbono, incluida la nuclear. Esta generación aumenta, en promedio, alrededor de 2,5 veces para 2050 en los 89 escenarios de mitigación considerados por el IPCC”. Sin embargo, los autores también alertan que la nuclear “puede aumentar los riesgos de proliferación, provocar efectos ambientales negativos (por ejemplo, para el uso del agua) y tener efectos mixtos para la salud humana al reemplazar los combustibles fósiles".
Shellenberger no es el único que basa sus argumentos en el CO2; ya en los 80, el climatólogo americano James Hansen empezó a alertar del efecto de la emisión de carbono a la atmósfera declarándose defensor de la nuclear. Y es que, por ejemplo, siguiendo datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la nuclear ha evitado la emisión de 68.000 millones de toneladas de CO2 entre 1970 y 2015. Por otro lado, la transición de países como Alemania hacia un futuro sin atómica, de momento, han provocado un aumento de las emisiones de efecto invernadero (GEI) debido a la entrada masiva del gas natural e, incluso, del carbón como fuente de apoyo a las renovables. “Según la publicación anual BP Outlook, Francia cuenta ahora mismo con dos veces más electricidad libre de emisiones que Alemania y emite un 10% menos que ese país por unidad de energía. Además paga la mitad en su factura. En Alemania las emisiones son planas desde 2009; si hubieran gastado 580.000 millones en nuclear y no en renovables habrían descarbonizado ya la economía. Incluso, Francia ha invertido entre 2009 y 2018 unos 29.000 millones de euros en renovables y ha aumentado sus emisiones debido al cierre de algunas centrales”, dice Shellenberger. El país galo representa el bastión duro europeo de la atómica y aunque Macron ha anunciado su intención de aumentar la inversión en renovables y reducir la participación de la nuclear hasta el 50% en 2035 (ahora supone hasta un 75% del mix), no renuncia totalmente a ella.
La situación no es la misma en todo el mundo, mientras en los países de la OCDE no hay ninguna nueva inversión en plantas y lo único que se discute es la prolongación o no de su vida útil más allá de los años para los que estuvieron diseñadas, en algunos países en vías de desarrollo o potencias como China o Turquía la participación de esta energía se sigue viendo como una posibilidad de construir progreso. El OIEA decía en septiembre de 2018 que el 70% de la electricidad proviene actualmente de la quema de combustibles fósiles (eso supone que más de 2.500 millones de personas se caliente e ilumina con biomasa, por ejemplo), pero claro, para alcanzar los objetivos climáticos para 2050, el 80% de la energía debería ser neutra en carbono. Las previsiones del organismo es que la demanda se duplicará para 2050 debido a la necesidad de energía para el desarrollo de muchos países (más de 1.100 millones de personas no tienen hoy en día acceso a luz). “La nuclear ahora mismo genera el 11% de la electricidad, eso es un tercio de le energía que no emite”, dicen. La idea de que para salir de la pobreza se necesita energía se ha convertido, junto al CO2, en el argumento de los pronucleares.
“Si el discurso es sólo el del CO2 nos estamos haciendo trampas. La tendencia en los países de la OCDE sobre uso de la atómica es decreciente. No emite pero genera riesgos, residuos y sobrecostes. En la UE ha habido un par de intentos de construir nuevas centrales. Lo hemos visto en Reino Unido, donde se ha paralizado un proyecto porque la empresa constructora pedía un precio garantizado de hasta cuatro veces más. La nuclear no es competitiva”, dice Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. La organización ha participado recientemente en el encuentro “Un horizonte sin nuclear”, al que han asistido expertos y asociaciones de productores renovable, el Consejo de Seguridad Nuclear, Greenpeace, etc. El evento y el documento publicado trataban de responder al cierre progresivo de las plantas nucleares, desde 2025 a 2036, que ha planteado en España el gobierno de Pedro Sánchez.
Según los analistas de dicha convocatoria no está nada claro que la nuclear sirva para bajar el precio de la electricidad. “El sector es opaco, porque ¿están considerados todos los costes durante toda la vida útil, y los residuos? Estamos apostando por una tecnología que no tiene todos los gastos especificados. El preámbulo de la Ley 15/2012 es palmario cuando dice que la generación de energía eléctrica mediante la utilización de nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres, debido a las peculiaridades inherentes a este tipo de energía, cuyo impacto económico es difícil de evaluar. En la práctica esto supone socializar los riesgos y los costes que se derivan de la existencia de las nucleares y de sus consecuencias durante y después del periodo de operación dejando a los propietarios de las centrales que se lucraron de su construcción y funcionamiento libres de toda carga. Sólo el cierre en España supondrá un coste de 20.000 millones de euros, considerando las actuaciones relacionadas con la gestión de residuos hasta 2085. A 31 de diciembre de 2017 el fondo destinado a desmantelamiento disponía de un saldo de 5.326 millones de euros. Es decir, que en España la financiación actual no cubre ni un 30% de los costes requeridos”, dice Ferrando. Por otro lado, el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (ACCC) concluyó en 2018 que la operación de una central nuclear no puede extenderse de 40 a 60 años sin la posibilidad de efectos ambientales significativos. Y de seguir el plan actual de cierre, todas las centrales españolas lo superarán.
La seguridad y la gestión de residuos suele representar otro de los temas de debate cuando se afronta el discurso nuclear. Shellenberger tiene claro que “es un tema que, como ambientalista, está resuelto. Todos los residuos de 45 años de nuclear en Suiza caben en una sala cerrada y controlada. Los de Estados Unidos entran en un campo de fútbol dentro de contenedores de 15 metros de altura. Los plásticos en el mar o la contaminación me preocupan más puesto que ya son residuos liberados en el ambiente”. Sin embargo, para quien está en contra: “La vida útil de los residuos es de cientos y miles de años y sus contenedores tienen una vida útil menor que la del contenido”, matiza Ferrando. En cuanto a la posibilidad de un tercer accidente nuclear, tras Chernóbil y Fukushima, Shellenberger afirma que “en Ucrania hubo en total unas 16.000 muertes; en Japón alrededor de 20.000 entre muertos y desaparecidos durante el terremoto y el tsunami. La contaminación del aire mata cada año a siete millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Vivir en ciudades contaminadas produce 2,8 más muertes”.
Sin ánimo de enfrentar posturas, que cuando se habla de nuclear siempre chocan como se ve, el panorama de crecimiento de la población mundial, el derecho universal de acceso a la electricidad, el desarrollo sostenible y la necesidad de reducir las emisiones GEI deja un mar de incógnitas sobre cuál es el mejor camino hacia el desarrollo sostenible. Todo un reto que, como dice el IPCC o la ONU, empieza a ser urgente resolver.
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