El estructural incumplimiento del déficit público

El déficit público de 2018 no ha cerrado en el 2,2% del PIB, tal como nos habíamos comprometido con Bruselas, sino en el 2,6%: un desajuste de 31.800 millones de euros que ha disparado el volumen de deuda pública hasta su nivel más alto de la historia, a saber, 1,174 billones de euros (el 97,2% del PIB). La buena noticia –y parcial– es que España abandona por primera vez en una década el llamado «Procedimiento de Déficit Excesivo» a través del cual la Unión Europea nos tutelaba de manera más directa a la hora de avanzar en la reducción de nuestro desequilibrio presupuestario. A partir de este momento, «volaremos solos», lo cual, como apuntaba, no debiera ser un motivo de absoluta alegría, puesto que nuestros gobernantes exhiben una fuerte propensión a caer en el vicio del endeudamiento, sobre todo en los meses previos a unas elecciones.

Sin ir demasiado lejos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no sólo comunicó ayer que España había incumplido sus objetivos de déficit para 2018, sino que también hará lo propio en 2019. En concreto, frente a nuestro compromiso de déficit del 1,3% del PIB. Recordemos que el PSOE no obtuvo mayoría suficiente en el Senado como para modificar la senda de nuestro desequilibrio presupuestario. El Gobierno socialista anuncia que, como poco, terminaremos 2019 en el 2%. Y semejante previsión a buen seguro se ubicará sustancialmente por debajo de la real. No en vano, el Banco de España estima que, de momento, vamos camino del 2,5% del PIB, esto es, vamos camino de calcar el mismo déficit con el que hemos terminado 2018 (lo que, en otras palabras, supone desaprovechar todo un año de crecimiento económico).

A nadie, de hecho, debería extrañarle que, tras la obscena sucesión de los llamados «viernes sociales», que en el fondo no son más que «viernes electorales», el déficit se esté desviando sustancialmente del que debería seguir siendo nuestro objetivo para 2019 –el 1,3% del PIB–, más gasto y más déficit. Pero acaso lo más preocupante de todo es que nuestro país no está haciendo ningún esfuerzo por acabar con el «déficit estructural» (aquel no imputable a la situación coyuntural de la economía): desde 2015, este déficit estructural sigue atascado en el entorno del 3% del PIB, lo que nos deja escaso margen de maniobra para cuando la coyuntura se torne negativa.

Todo lo cual, en suma, sólo pone de manifiesto que al PSOE le importa más su permanencia en el poder que la sostenibilidad financiera de España en el largo plazo. No debiera ser de recibo que más de una década después de iniciada la crisis económica todavía estemos cargando con un déficit público que sólo contribuye a perpetuar nuestra deuda estatal en unos niveles peligrosamente elevados. Al contrario de lo que han hecho otros países mucho más responsables que el nuestro –por ejemplo, Irlanda–, no hemos aprovechado la época de bonanza para sanear nuestro endeudamiento público: al contrario, hemos aprovechado el crédito barato del Banco Central Europeo para seguir acumulando pasivos estatales como si no hubiera un mañana. Por ello, cuando llegue una nueva crisis –y llegará–, cargaremos con una muy onerosa hipoteca que habrán contraído todos los irresponsables gobernantes actuales con el único afán de comprar votos y maximizar sus opciones de permanencia en La Moncloa. Más deuda presente son mayores impuestos y mayores riesgos financieros futuros.