Políticamente correcta

No es que los magistrados del Supremo, encabezados por el juez Marchena, hayan firmado una sentencia dictada o sugerida por el Gobierno socialista en este histórico proceso contra los cabecillas de la revuelta separatista de Cataluña. Eso sería dudar de su independencia y honorabilidad y favorecería la especie, difundida por los dirigentes catalanes, de la politización de la Justicia en España y de la inconsistencia del Estado de Derecho. Es seguro que los honorables jueces del Alto Tribunal han actuado con todas las de la ley y con la mayor responsabilidad.

Eso no quita para que la unánime sentencia pueda ser calificada de políticamente correcta. Es seguramente la que esperaba el Gobierno de Pedro Sánchez. Hay poderosas razones para pensarlo. La más llamativa y evidente es el relevo, por esta causa, en la Abogacía del Estado. El cambio, decidido en el Ministerio de Justicia, sirvió para que este organismo dependiente del poder político cambiara su petición de condena y pasara, de la noche a la mañana, de rebelión a sedición, en contra de su posición inicial, que coincidía con la de la Fiscalía. Desde el Gobierno, tanto en precario como en funciones, se han dado inequívocas señales de preferir una condena lo más suave y digerible posible. En todo este tiempo la sugerencia del indulto a los insurrectos no se ha caído de la mesa del partido del puño y la rosa. Sobre todo, de los socialistas catalanes de Iceta.

Los jueces del Tribunal Supremo, después de un proceso impecable y de arduas deliberaciones, parece que han llegado a las mismas conclusiones que el Gobierno de Sánchez. Los más susceptibles pueden dudar de si con un Gobierno de la derecha y con la posición inicial de la Abogacía del Estado, que consideraba lo ocurrido en Cataluña un ataque en toda regla al orden constitucional, justo en la misma línea que la Fiscalía del Estado, la sentencia habría sido la misma. Es un futurible indemostrable y, por tanto, no vale la pena darle más vueltas.

No es, en todo caso, un despropósito suponer que, en un proceso de tal trascendencia política, los miembros del tribunal, que no proceden de otra galaxia, hayan tenido en cuenta las consecuencias políticas de su decisión. Como escribió Proudhon, «la Justicia es humana, toda humana, nada más que humana; es injusto relacionarla, de cerca o de lejos, directa o indirectamente, con un principio superior o anterior a la humanidad». ¡Claro que los jueces son plenamente humanos! En este caso, además, me parece que tenían que andar con pies de plomo, amarrando bien las pruebas y las garantías procesales, y, sobre todo, aquilatando la sentencia sin pecar por exceso, para evitar un revolcón en los tribunales europeos. Así que mejor actuar con prudencia y moderación.

A pesar de la evidente moderación de la sentencia –poco que ver con las durísimas condenas del juicio de Campamento a los golpistas militares del 23-F, que fue el antecedente más parecido a lo sucedido en Cataluña–, se teme una fuerte agitación de protesta en esta comunidad, promovida o incitada desde la misma Generalidad y el Parlamento autonómico. Veremos hasta dónde están dispuestos a llevar la revuelta. Entre los grupos separatistas hay divisiones y fuertes discrepancias sobre la reacción a la contundente derrota de sus posiciones. La duda más extendida entre los observadores serios es si esta sentencia políticamente correcta envalentonará a los levantiscos o, por el contrario, favorecerá el deseo de los catalanistas escarmentados, deseosos de abandonar la aventura imposible y volver a aquellos tiempos felices, que lucían sin sobresaltos, alborotos ni condenas.