El fracaso en el que han desembocado los últimos procesos electorales, incluido el más reciente, deja bien claro que los españoles nos enfrentamos a una crisis política que pone al sistema constitucional ante un riesgo muy grave. Hablo de fracaso porque el país no ha sido capaz de encontrar una gobernación digna de tal nombre y navega a la deriva de la provisionalidad sin que se atisbe una solución dotada de un cierto grado de permanencia. El intento de Sánchez de editar un gobierno compartido con la izquierda revolucionaria y sustentado por los nacionalismos periféricos –no menos revolucionarios por su afán de romper la unidad territorial del Estado–, no parece que pueda llegar a alcanzar la estabilidad mínima para ser considerado como una solución razonable. Y lo que ahora se perfila es la continuidad de la crisis con la convocatoria de nuevos comicios.

Las elecciones no son una pócima mágica de la que se desprenden ineludiblemente efectos benefactores para todos los ciudadanos, como sobradamente revela nuestra reciente experiencia, pero sí son un procedimiento necesario para perfilar el estado de su opinión política. Fuera de ellas, recordémoslo, lo que viene es la dictadura o la guerra. Por eso, quienes suman lo suficiente y comparten un consenso básico, debieran ser capaces de arbitrar una gobernación que sirva para encontrar soluciones operativas y, sobre todo, pragmáticas, a los principales problemas en esta hora de España. Y esos que suman son, pese a los resquemores y reticencias, seguramente justificadas, que haya entre ellos, los socialistas y los populares. Entre ambos, sin maximalismos, deben establecer los consensos necesarios para formular un programa que, en dos o tres años, se renueve el sistema de 1978.

El catálogo de las cuestiones a abordar no es muy amplio, pero sí enjundioso, sobre todo porque se requieren amplias dosis pedagógicas para hacerlos entender, alejados de la demagogia, a todos los españoles. En la vertiente económica estaría, en mi opinión, una reforma fiscal que dé suficiencia y neutralidad a nuestros impuestos, un abordaje igualitarista a la financiación autonómica y una reforma del sistema de pensiones orientada a su equilibrio financiero. Y en el terreno político, yo incluiría una reforma del sistema electoral que, simultáneamente, le diera una mayor proporcionalidad y una derivación radical hacia el Senado de la representación de los intereses territoriales; éste último –el Senado– tendría que ver ampliado su papel legislativo; y para completar el programa, habría que legislar acerca del procedimiento a través del cual las Asambleas autonómicas puedan proponer reformas constitucionales de carácter secesionista que, siguiendo el principio democrático, tendrían que ser discutidas y negociadas en el seno de las Cortes Generales.