La bilateralidad dinamita España

La pretensión de los nacionalistas catalanes de que se admita una relación bilateral, es decir, en plano de igualdad, entre las instituciones del Estado y Cataluña, que es una de las exigencias que ha planteado ERC para facilitar la investidura del candidato socialista, no sólo supone un agravio a la soberanía nacional y a la igualdad de todos los españoles, sino que puede dinamitar nuestro modelo autonómico, puesto que es dudoso que el resto de las comunidades acepte de buen grado un trato de privilegio que, como demuestra la experiencia, siempre conlleva un peor reparto fiscal para quienes residen en aquellas regiones que no ponen en duda el marco constitucional.

Y si queremos resaltar, al referirnos a la discriminación, que hablamos de «residentes» y no de territorios, es porque son los ciudadanos, en función de sus ingresos y no del lugar donde viven, quienes pagan los impuestos, por más que la estrategia nacionalista haya conseguido imponer la falsa figura de las balanzas fiscales. Una idea por demás nefasta, por cuanto al avalar esas supuestas transferencias de renta territoriales favorece la extensión del cantonalismo, a caballo de un sistema electoral que premia la agrupación del voto en las circunscripciones provinciales.

Si Teruel ya existe en el Parlamento, con un diputado que puede ser determinante a la hora de conformar un Gobierno, a nadie le puede extrañar que se replique el fenómeno en otras provincias que se consideran marginadas por los poderes públicos. En una Cámara menos fraccionada que la española, el cantonalismo no pasaría de ser una anécdota o el destello efímero de un determinado personalismo, como ha sido la norma en las primeras décadas de una democracia marcada por el bipartidismo. Pero en el Parlamento actual, se antoja irresistible el señuelo de unos partidos de implantación meramente local, pero capaces de negociar sus apoyos a cambio de un mejor trato en los Presupuestos.

A nadie se le escapa que, a medio plazo, la consecuencia de la diabólica combinación de los nacionalismos centrífugos y el cantonalismo, cuando se dan en un Parlamento sin mayorías nacionales claras, puede ser la dinamitación del Estado de la autonomías, tal y como lo establece la norma constitucional. Porque, además, la estrategia nacionalista opera sobre un cuerpo electoral que viene conformándose desde hace ya demasiados años en la interiorización del agravio comparativo, labor en la que también tiene su parte de responsabilidad el Partido Socialista y sus apelaciones a supuestas «deudas históricas» del Estado con las comunidades en las que ha gobernado, como Andalucía.

De ahí que no preocupen tanto las demandas «imposibles» que pueda poner ERC sobre la mesa de negociación con el PSOE, como la amnistía para los golpistas catalanes o el reconocimiento, siquiera parcial, del derecho de autodeterminación, como la profundización en el concepto de la bilateralidad, inherente a la concesión de un nuevo estatus diferenciador para el Principado. Como hoy publica LA RAZÓN, el trato de favor en el reparto competencial o de financiación sería muy mal recibido por el resto de las comunidades, ya estén gobernadas por el PSOE o por el PP, que actuarían en consecuencia, hasta el punto de que es dudoso que los barones regionales socialistas antepusieran su lealtad al secretario general del Partido, Pedro Sánchez, por encima de los intereses de sus electores. Son muchas las voces que se alzan desde las viejas filas socialistas advirtiendo contra los riesgos de fractura institucional que conlleva un acuerdo de investidura con los separatista de ERC y que piden un cambio de estrategia al presidente del Gobierno en funciones. Ahora, hace falta que el candidato modere sus prisas y reflexione.