Sánchez debe abrir la vía constitucional

Que Pedro Sánchez haya dejado al Jefe del Estado sin otra opción que encargarle la formación de un Gobierno, pese a que carece del preciso apoyo parlamentario, nos retrotrae al mismo escenario de su fracaso anterior. En efecto, frente al optimismo de sus socios de la izquierda populista, algo más atenuado, es verdad, lo que se trasluce desde el campo independentista catalán no es sólo la satisfacción de haber impuesto en la mesa de negociación el término de «conflicto político», con todo lo que ello significa, sino la convicción de que el candidato socialista acabará por admitir una negociación en plano de igualdad, institución a institución, con la Generalitat.

De hecho, mientras Su Majestad concluía la preceptiva ronda de consultas, el presidente de ERC en el Parlamento autónomo catalán, Sergi Sabrià, advertía de que el futuro político pasaba por la amnistía, la autodeterminación, la libertad y la república, y se jactaba de que la debilidad electoral del candidato abría una oportunidad histórica al separatismo catalán para avanzar en sus objetivos. Si estos son los «flecos» de la negociación a los que se refería el dirigente comunista Alberto Garzón, no es de extrañar que entre las propias filas socialistas cunda la alarma, con apelaciones poco académicas, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la «vaselina».

No queremos caer en la melancolía de los condenados a ejercer de Casandras, pero no está demás recordar al presidente del Gobierno en funciones cuáles fueron las consecuencias de sus tratos con ERC, –un partido que, como certeramente ha descrito la diputada canaria Ana Oramas, no se preocupa por la estabilidad del país y le trae al pairo el futuro de España–, que se resumen en unos presupuestos prorrogados desde 2017 y dos convocatoria electorales.

Así las cosas, lo razonable es que el candidato socialista renuncie a una estrategia de alianzas que siempre le ha conducido al fracaso, y abra la vía a la constitucionalidad, para lo que, por supuesto, hay tiempo más que suficiente. En este sentido, aunque comprendemos la posición que mantuvo ayer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de rechazo frontal a la candidatura de Pedro Sánchez –que, dicho sea de paso, ha cometido la incorrección palmaria de no cruzar palabra con quien representa al primer partido de la oposición–, no es cierto que el secretario general socialista haya pasado un Rubicón sin marcha atrás. Incluso un acuerdo de investidura, que vemos dudoso, con el separatismo catalán no implica mayores ataduras, sobre todo, si estas inciden en una ruptura del orden constitucional con la que ningún jefe de Gobierno puede transigir.

Pero lo que demanda la realidad actual, y con cierta urgencia, es la búsqueda de un gran pacto entre las fuerzas constitucionalistas que elimine del escenario las dos grandes amenazas que pesan sobre el futuro de los españoles –el populismo de extrema izquierda y el nacionalismo xenófobo e identitario–, de cuya peligrosidad advertía el propio Pedro Sánchez durante la pasada campaña electoral. Por supuesto, está lejos de nuestro ánimo ejercer presión alguna sobre el presidente popular porque entendemos que ese pacto, bueno para España a nuestro juicio, no puede ser ni un cheque en blanco ni una trágala del tipo «o yo, o el diluvio», que es lo que plantea Pedro Sánchez, sino el fruto de un acuerdo amplio, concreto en las medidas y programas de gobierno, y con las indispensables garantías para su cumplimiento. La principal responsabilidad, casi única, como venimos señalando, es del candidato socialista, cuya trayectoria política, no lo olvidemos, nos ha traído hasta aquí. Pero los demás tienen, siquiera, que aceptar sentarse a negociar.