¿Hay alternativa?

Sobre el nuevo Gobierno, más que la coexistencia de las dos izquierdas, preocupa su aparente propósito de controlarlo todo, desde la Justicia a los medios de comunicación, con el fin de agarrarse y perpetuarse en el poder. Existe el temor, ampliamente extendido, de que la normal alternancia política, tal como ha funcionado hasta ahora, clave del sistema democrático del 78, se ha acabado o está en peligro. Ayuda a esta percepción la irrupción de Vox, que dificulta la creación de una alternativa de centro-derecha. La formación de Abascal y compañía aporta gratis al Gobierno de izquierdas el principal argumento para su perdurabilidad. La consigna, que se ha demostrado eficaz entre el electorado, es clara: o Gobierno progresista o ultraderecha. La operación de propaganda ha hecho mella y ha posibilitado el exiguo, pero suficiente, triunfo de Pedro Sánchez y la implantación de un frente de izquierdas, difícil de desarraigar en las urnas.

El resto de la operación de permanencia está claro. Se consideran los nuevos dueños de la España plurinacional, «progre» y cabaretera. Cualquier crítica acerada, por justificada que parezca, de Pablo Casado, como jefe de la oposición, al nuevo Gobierno se atribuye al «efecto Vox» sobre el Partido Popular. No digamos si se le ocurre abrir la boca a Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más lúcidas, sinceras y centradas del Parlamento. Los medios de comunicación del nuevo régimen, en vez analizar críticamente la formación del Gobierno, se dedican a vigilar y criticar a la oposición, exigiéndole que se corte las uñas, cierre la boca, acepte su derrota y colabore en la renovación de las instituciones y en las grandes reformas que se preparan.

La primera reforma es la de la Justicia. En realidad, se trata de controlarla. El nombramiento de Dolores Delgado, la controvertida ministra de Justicia, como fiscal general del Estado es una confirmación de tal propósito. De entrada se pretende reducir, en aras del diálogo, la vigilancia judicial sobre el proceso independentista de Cataluña: una concesión a los sediciosos. Ante esto, se explica que Casado se resista a negociar la renovación pendiente de los órganos judiciales. La Justicia y los medios de comunicación independientes, sobre los que también pende la amenaza, representan la última barrera frente a las arbitrariedades del poder. Pero hay más. El desprecio a las formas institucionales ninguneando al Rey, al que el presidente Sánchez ni siquiera acudió en persona a presentarle la lista del nuevo Gobierno, es una señal más del desprecio al orden constitucional que ha regido hasta ahora en España y que está en peligro.