Improvisación y sacrificio

Todavía ayer tuvimos que oír en el Congreso que «vienen semanas muy duras». Lo sabemos, la sociedad española es consciente de ello, tanto porque no es ajena al hecho de que superamos los 10.000 fallecidos, como por el hecho de que cada vez es más común conocer a una persona cercana en esa terrible lista. La estadística es un material de estudio que debe ser interpretada correctamente, pero lo que se le está reclamando al Gobierno es que actúe para que nadie, y sobre todo el personal sanitario, carezca de medios de protección. En esas estamos todavía. Debemos congratularnos de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegurase ayer que hay cerrado un acuerdo con una empresa españoles –de Móstoles, Madrid– para la fabricación de 400 equipos de respiración invasiva –un centenar diarios–, un equipo básico que están reclamando hospitales de toda España. Esto sí, esta iniciativa se produce casi a un mes de que el Gobierno admitiese que existía un problema de salud pública real.

El 9 de marzo se contabilizaban 30 fallecimientos y 1.200 casos. Entonces nos encontrábamos en el escenario de «contención reforzada». Desde estas páginas ya hemos llamado la atención sobre la incapacidad para diagnosticar que el Covid-19 tendría un avance imparable –como nos estaba demostrando Italia– si no se ponía remedio de la manera más eficaz, pero habrá que insistir porque en la Comisión de Sanidad en el Congreso de ayer volvió a quedar claro que llevamos un retraso considerable en la aplicación de uno los métodos que ha resultado más eficaces en la contención del virus: los test rápidos.

No estamos diciendo nada que no se sepa: la OMS ya había advertido de que cuántas más pruebas, mejor, porque es la única manera de saber la expansión real de la pandemia y los medios que habrá que aplicar. La prueba de esta urgencia es que, según el ministro Illa, el 15 de marzo en España se habían realizado 30.000 test y el 30, 350.000, lo que supondría más que en Corea del Sur (320.000 el 20 de marzo), aunque el departamento de Sanidad no hace público este dato. Debemos darlos por buenos, aunque el lunes llegaron un millón de test rápidos en un avión del Ejército desde China, señal de que es necesario continuar la campaña. Este nuevo material solo detecta la infección desde el quinto o sexto día, ya que se realiza por una prueba a través de la sangre, donde se miden los anticuerpos creados contra el virus. Es decir, no podrá superar la eficacia de la PCR, la más fiable, pero que requiere una técnica con especialistas que la realicen. Además, se esperan los 640.000 test que resultaron un fiasco por su escasa fiabilidad. Y es aquí donde aparece un segundo problema: según los especialistas, se están ofreciendo unas cifras de contagiados –ayer eran 110.238– muy por debajo del medio millón que estiman. Con esta perspectiva, los 52.000 sanitarios que Illa se comprometió el pasado 19 de marzo a movilizar son vitales, aunque no se ha vuelto a hablar, ni siquiera porque este personal está más o menos bajo control de sistema público: 7.633 son residentes y 31.200, estudiantes del último año, además de más de 600 jubilados. Las comunidades, que eran quienes debían contratarlos, se han desentendido, lo que evidencia un serio problema de coordinación, posiblemente uno de los mayores inconvenientes en la gestión de esta crisis.

Sin duda hay datos para la esperanza, como que, a pesar de los 950 fallecidos del martes, el incremento respecto al día anterior haya sido del 10%, mientras que hace una semana fue del 19%. Pero no hay que negar que el sacrificio –ya no contamos con el esfuerzo social y económico, por supuesto–, sobre todo en vidas humanas, está siendo más alto de lo que hace poco menos de un mes se estaba anunciando con demasiado optimismo.