La economía necesita a los empresarios

En plena crisis por la expansión del coronavirus en nuestro país, aproximándonos a los 18.000 fallecidos, sabemos cómo afrontarlo, pero después de un sacrificio enorme en vidas humanas: confinamiento y test que detecten a los contagiados sin síntomas. Un aprendizaje tardío, esto sí, pero que ahora habrá que aplicar sin más dilación. No hay excusas. Luego están los efectos económicos, que ya estamos viendo en un cierre generalizado de empresas motivado por la aplicación del estado de alarma, pero cuyo futuro es más que incierto. Alrededor de un 30% de la población activa –lo que supone más de seis millones de personas de un total de 19 millones– están desde el pasado 14 de marzo acogidas a prestaciones y subsidios. Ayer, algunos sectores volvieron al trabajo –no con las adecuadas medidas de protección que se anunciaron– tras una medida excepcional que se tomó sin consultar a los empresarios, lo que viene siendo algo habitual en el Gobierno. Las empresas se comprometieron a que cuando se levantase el estado de alarma –previsiblemente en mayo– no despedir en un plazo de seis meses en los ERTE por fuerza mayor –que permiten no pagar el 100% de la cuota de la seguridad social si se trata de empresas con menos de 50 trabajadores, y el 75% si la plantilla es más numerosa–, pero la situación económica será muy complicada dentro de un mes, después de dos de parálisis de la economía. El Gobierno parece desentenderse y se enzarza de nuevo en una pelea estéril con Pablo Iglesias, que insiste en aprobar hoy mismo el ingreso mínimo vital de 500 euros mensuales, cuando lo fundamental está en saber qué va a suceder en apenas unas semanas, si las empresas van a poder mantener los empleos, lo que en muchos casos será difícil.

Parece que el Gobierno vive al margen de la realidad productiva del país, de la economía real, es decir, si los ERTE actuales se podrán convertir en la modalidad de causas económicas y productivas, lo que obligará al empresario a abonar las cotizaciones sociales, mientras los salarios los asume el servicio de empleo. El Gobierno no ha esbozado todavía un plan de relanzamiento de la economía y supeditarlo todo al pago de una renta mínima no es apostar por la productividad, que será lo único que realmente permita a la economía reemprender el vuelo. Los empresarios perdieron la confianza en el Gobierno al dejarle al margen de estas decisiones, en una muestra de «manipulación interesada y desleal al diálogo social» al no contar con ellos en la negociación del ingreso mínimo vital.

Sin duda, Podemos e Iglesias no están en sintonía con el mundo empresarial, más por motivos de ortodoxia izquierdista, que por el papel que desempeñan en la economía real. El Gobierno no está en condiciones, ni el país menos, de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quisiera imponer la renta mínima, de ahí que CEOE y Cepyme se negaran a reunirse con ella. Para Iglesias es una prioridad su plan como única manera de encontrar un protagonismo en esta crisis, pero nos estamos jugando mucho más. Parece que no tiene en cuenta el efecto real del coronavirus en el ámbito laboral y económico. Sólo en Semana Santa, el sector turístico ha valorado las pérdidas en 18.000 millones de euros y se da por perdido el verano. Sólo el textil perderá más de 300.000 empleos. El Covid-19 está destruyendo el empleo más vulnerable, pero pronto afectará a sectores más sólidos. Ante esta situación, el Gobierno debe tener un plan que no pasa exclusivamente por un salario social, lo que puede colmar ideológicamente a Iglesias, pero que no ayudará a que la economía se sobreponga. Un acuerdo nacional requiere que se tenga en cuenta a los empresarios. Sobre todo porque estamos ante la oportunidad para modernizar algunos sectores y dado que las medidas sobrepasan los ciclos electorales.