El Rey Juan Carlos anunció su abdicación el 2 de junio de 2014. Con esta decisión, jurídicamente prevista aunque de gran calado político, asumía toda la responsabilidad sobre los errores que creyó contraer en el final de un mandato clave para la Transición democrática. Dos años antes, el 18 de abril de 2012, pidió perdón por no estar a la altura de lo que los españoles le demandaban en un momento de crisis económica, un gesto inédito en tan alta institución del Estado y cargo público que daba medida de la crisis en la que la Corona entraba de no sintonizar sus pasos con los de la sociedad española. Era lo exigible en una Monarquía parlamentaria, que la jefatura del Estado fuera un ejemplo. El 19 de junio Felipe VI era proclamado Rey en las Cortes Generales y se emprendía un nuevo camino en un momento especialmente complejo de la política española en el que la «Monarquía parlamentaria pude y debe seguir prestando un servicio fundamental a España», dijo en su discurso, en el que destacó la independencia de la Corona, su neutralidad y su «vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas y equilibrio entre los demás órganos constitucionales y territoriales».

El pasado 15 de marzo, el Rey renunció a la herencia que pudiera corresponderle o cualquier activo cuyo origen no estuviese en «consonancia con la legalidad o los criterios de rectitud» que exige la Corona. En las circunstancias actuales, es más necesario que nunca este arbitraje y defensa de la separación de poderes. Ayer, se hizo público que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación de las comisiones del AVE a La Meca, donde estaría afectado Don Juan Carlos, aforado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal. Las pesquisas que había iniciado la Fiscalía Anticorrupción apuntan a que podía haber cometido fraude fiscal y blanqueo de capitales. El procedimiento que se emprende ahora se puso en marcha el pasado 5 de junio cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que nombraba para esta investigación al fiscal de Sala de TS especializado en delitos económicos. Ahora toca el respeto procesal y, en primer lugar, delimitar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento de la abdicación de Juan Carlos I tras la que deja de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al jefe del Estado. Por lo tanto, respeto procesal y presunción de inocencia, que es el principio básico, admitido constitucionalmente con el que hay que ser muy rigurosos siguiendo la normal fundamental de que es el que acusa el que debe demostrar la culpabilidad del acusado y no éste demostrar su inocencia. De cumplirse, nos evitaría el habitual proceso paralelo antes del juicio en el que populistas e independentistas no van a perder la ocasión de plantear un ofensiva contra la Monarquía Parlamentaria, objetivo que ha ganado posiciones con un Gobierno que ha dado alas a los partidos anticonstitucionales.

Ayer, Podemos lanzó una andanada vinculando las relaciones exteriores de la Monarquía con la corrupción. El partido del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ni siquiera se mantuvo en el respeto a las acciones judiciales, sino que «celebró» que la Fiscalía iniciase la investigación. ERC, otro de los apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez, ha pedido un comisión de investigación en el Congreso, lo que supondría un espectáculo de escarnio contra la Monarquía Parlamentaria. Es la hora de la justicia y dejar los juicios políticos, exigir responsabilidad al Gobierno y evitar que sus socios sitúen a la Corona como objetivo principal a batir. Los hechos tienen ahora su peso y es innegable que el papel de concordia de Felipe VI es más necesario que nunca. Es garantía de estabilidad.