Sin reformas no habrá recuperación

Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados
FERNANDO ALVARADOEFE

La receta de la izquierda ortodoxa, es decir, la estatalista que desprecia el papel de la iniciativa privada como motor de la producción, es siempre subida de impuestos y reparto de los ingresos para paliar los desequilibrios sociales. Con eso se asegura una cierta paz social, pero no se crea más puestos de trabajo que es, a la postre, lo que puede dar más riqueza, estabilidad y sostener los servicios públicos. Otra cosa muy distinta es mejorar la capacidad recaudatoria de los impuestos, sobre todo porque es sustancialmente inferior al promedio de la Unión Europea. En torno al 40% de esa diferencia se explica por los menos ingresos del IVA y el alto porcentaje de productos tasados al tipo reducido. Luego existe otra política impositiva que daña directamente a empresarios, trabajadores e inversores a partes iguales.

Lo que ha quedado claro en la mayoría de comparecencias en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso es que es necesario desarrollar una economía competitiva. Es decir, España debe financiarse en los mercados, aunque con mayores dificultades que otros estados, porque somos uno de los países que arrastra más deuda. Nuestra economía es abierta, con más del 67% del PIB entre importaciones y exportaciones y subir impuestos sólo haría que dañar esa posición. Otro de los aspectos en los que han coincidido los comparecientes es el papel de los agentes sociales y políticos en cualquier acuerdo de reconstrucción. El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insistió en esta idea dentro de una batería de propuestas para el relanzamiento de nuestra economía. «La estrategia deberá estar basada en consensos amplios para que pueda tener vocación de permanencia y resultar creíble», dijo. Las reformas que España deberá poner en marcha más pronto que tarde deberán contar con el acuerdo de los grandes partidos y las fuerzas dispuestas a mantener la gobernabilidad en el marco de la Constitución. Para acceder a los 310.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido del nuevo mecanismo de recuperación –que es la parte principal de los 750.000 millones que la CE se propone movilizar ante la crisis de coronavirus– deberán acompañarse de reformas que faciliten la transición ecológica y digital y reestructurar sectores industriales de difícil sostenibilidad. El programa que pide Bruselas va más allá de una ayuda de emergencia y pide realizar los cambios estructurales necesarios.

Pedro Sánchez, muy previsor electoralmente, suele hablar de reformas que le imponen desde el norte de Europa, cuando es él quien debería liderarlas, aunque en el mapa político español es cada vez más difícil introducir elementos que puedan tener algún coste en las urnas. Es ahora el momento de poner en marcha estas reformas gracias al soporte económico de la CE: 140.000 millones de euros (de los que 77.324 son a fondo perdido y 63.122 en préstamos). Si bien es cierto, como apuntó el gobernador del Banco de España, que hace falta una estrategia a largo plazo para abordar la inversión en transición ecológica, estabilidad presupuestaria, corregir la precariedad laboral –el 26% de los contrato son temporales–, productividad, apuesta por I+D y la reforma del sistema de pensiones. Sobre este capítulo, especialmente sensible y una de las paredes maestras del consenso social, Hernández de Cos ha planteado un hecho que será inevitable: retrasar la edad efectiva de jubilación y vincularla con la esperanza de vida. Hay una realidad sociológica, el envejecimiento de la población, el nivel de paro y la precariedad laboral, que pone en peligro el sistema, lo que le permitió plantear cuál es el papel del ahorro privado. Esta situación debe abordarse desde la experiencia del Pacto de Toledo, la responsabilidad y la lealtad. Debe estar fuera del cuadrilátero político, más allá de los ciclos electorales que son, visto lo visto, lo que marcan de verdad la agenda política.