Sin independencia no hay Justicia

Para asegurar la independencia de la Justicia es necesario una ley que proteja sus órganos de intromisiones políticas. Para ello es necesario un pacto de amplio espectro, lo que, en un principio, no debería ser complejo si hay voluntad para hacerlo. No hay partido con responsabilidad de Gobierno que no esté de acuerdo en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sea elegido con una mera mercantilización de votos, cuotas y servidumbres inconfesables que sólo perjudica a los que deben administrar Justicia. De ser así, no hay más vía que poner los medios legales para que se asegure la independencia del órgano de los jueces y el sistema de elección. El PP, a través de sus responsable de Justicia, Enrique López, ha avanzado en una Ley de Reforzamiento de la Independencia de la Justicia, toda vez que el PSOE rechazó el 20 de diciembre de 2018 el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque salió adelante. Entre las modificaciones introducidas se incluía la obligación por ley a los miembros del CGPJ a hacer públicos sus bienes.

Claro que es necesario que PSOE y PP negocien la renovación del órgano, pero debe hacerse partiendo del redactado de una ley que asegure su independencia en un momento crucial. No se recuerda que desde un Gobierno se haya atacado con tanta insolencia al poder judicial como las críticas lanzadas por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, siempre para salir en defensa de los litigios que él y su partido tienen abiertos. Además de que como pedagogía pública es nefasta, es una forma de presión inaceptable, lo que obligó al CGPJ a emitir un comunicado en el que llamaba a «no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas». La despolitización de la justicia es un objetivo al que no se debe renunciar y hay que dar pasos en ese sentido, de ahí la necesidad de avanzar en la redacción de la Ley de Reforzamiento de la Independencia de la Justicia. La tentación de controlar la administración de justicia está ahí y no hay que ser ingenuos, pero en los sistemas donde se respetan con escrúpulo la división de poderes hay que poner medios que impidan las intromisiones. Pedro Sánchez dio un paso muy poco edificante cuando su ministra de Justicia, Dolores Delgado, fue elegida Fiscal General del Estado, despreciando una incompatibilidad evidente, lo que ha sido un mal precedente y, como decíamos, una tentación que queda abierta sin medidas de protección. El artículo 122 de Constitución determina que una «ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales», y es ella la que deberá adecuarse para ejercer sus tareas de control y buen funcionamiento. Existe, además, un problema político de peso, que es lo que ha paralizado las negociaciones que habían emprendido los dos grandes partidos del arco parlamentario: era imposible desde cualquier principio democrático llegar a un acuerdo cuando desde el propio Gobierno –de nuevo a través de Podemos– se había iniciado un brutal ataque contra la jefatura del Estado en la figura del Rey.

Sánchez puede permitir que Iglesias erosiones las instituciones democráticas, pero no puede pedir que en ese viaje les acompañe partidos como el PP. Por lo tanto, convendría que primero se pusiera orden en el propio Ejecutivo y después se renovasen los órganos que fuesen necesarios –CGPJ, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE–, pero, insistimos, poniendo control a la tentación de monopolizarlos. En nada ayuda para esta negociación que Sánchez muestre su disposición a suavizar en el Código Penal los delitos de rebelión y sedición para contentar a lo que queda de Convergencia en el Congreso con el objetivo de recaudar cuatro votos más para la aprobación de los Presupuestos Generales. Es realmente difícil llegar a acuerdos con este Gobierno.