No se puede expulsar al PP del sistema

Cuando Pablo Casado llegó a la presidencia de PP, el 21 de julio de 2018, se encontró con un partido traumatizado y desorientado tras el inesperado triunfo de la moción de censura que ganó Pedro Sánchez y que literalmente echó por la puerta de atrás al PP de La Moncloa, entregando el Gobierno a una coalición izquierdista y a una amalgama de partidos independentistas, sin ni siquiera buscar una salida que no supusiera renunciar al poder y aceptar así el relato que había fabricado del PSOE: que la corrupción era congénita al partido que había gobernado España con los mejores éxitos económicos, de crecimiento y estabilidad. En las primeras elecciones en las que Casado encabezó las listas del PP, los populares cayeron hasta 66 escaños, de los 137 que obtuvieron en 2016. Una derrota sin paliativos que ahondaba aún más la autoestima de un partido que, pese a haber cometido errores, había sido clave para la gobernabilidad de España y leal en los temas de Estado. Si bien remontó meses después hasta los 88 diputados, la situación dibujaba el peor escenario posible: el centroderecha fraccionado y la izquierda radicalizada y jugueteando en los límites de la Constitución. De nuevo, el PP volvía a caer en esa trampa en la que el PSOE es experto: arrojarlo fuera del sistema si no acepta sus preceptos políticos y culturales.

Y en esas se encuentra de nuevo al resucitarse una de las derivadas de un caso que de hecho le llevó a la oposición de manera humillante. La izquierda, de eso no tenemos dudas, manejará con habilidad la llamada «operación Kitchen» hasta que culmine su objetivo de liquidar al PP y convertirlo en un residuo del sistema, una estrategia arriesgada e irresponsable porque los socialistas echarán mano de ellos cuando lo necesiten en los momentos realmente difíciles. Debería tenerlo muy en cuenta en esta crisis devastadora del coronavirus. Lo están haciendo para renovar algunas instituciones del Estado –CGPJ, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE–, aunque en unas condiciones inadmisibles: no se puede negociar con quien está sometiéndole a una campaña de desprestigio, por no hablar de Unidas Podemos y su objetivo de situar en su agenda la liquidación de la Monarquía parlamentaria. Ahora bien, la posición del PP ha sido claramente expresada por su portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida: diferenciar entre el plano político y el judicial. Se debe investigar siguiendo las normas procesales, «salga lo que tenga que salir», pero de ahí no se deben derivar más responsabilidades políticas que la que impliquen de manera directa al actual equipo directivo del PP. Como dijo el portavoz popular, no se puede admitir querer «dejar fuera de juego al PP». Sabemos que el PSOE de Sánchez lleva una estrategia de hacer oposición a la oposición y querrá relegarle poco menos que a una fuerza que está obstaculizando al Gobierno, como así se ha dicho, pero ni es legítimo hacerlo, ni, por supuesto, conviene a la estabilidad del país, sobre todo por la dependencia nociva de La Moncloa a determinadas formaciones abiertamente anticonstitucionales.

No hay que olvidar que el fallo del «caso Gürtel» consideró que el PP era responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros circunscritos a dos ayuntamientos, Pozuelo y Majadahonda. Por contra en la sentencia del caso Filesa en 1997 quedó acreditada la financiación ilegal del PSOE nacional con más de 1.200 millones de pesetas obtenidos ilegalmente (lo que equivale a 15,6 millones de euros en la actualidad). Todo esto sin citar el gigantesco caso de los ERE de Andalucía. A pesar de ello, no se ha querido deslegitimar al socialismo para ejercer el gobierno o la oposición. Ni siquiera el PSOE ha exigido responsabilidades a Convergencia en el caso del 3%, un modelo de corrupción institucional, mientras ahora suplica su voto. O su comprensión hacia lasupuesta financiación ilegal de Podemos. El objetivo es otro: echar a PP del sistema.