La humillante ausencia de Felipe VI

La situación en Cataluña es políticamente tan grave e irracional que hay que permitir una ofensa tan grande al Poder Judicial y al conjunto de la sociedad española.

La disparatada Nueva Normalidad Política es que el jefe del Estado no puede presidir en Barcelona la entrega de despachos de la promoción de jueces formados en la Escuela Judicial. La razón aducida es muy inquietante, porque se basa en que no es posible garantizar su seguridad. Dentro del esperpento nacional, que por lo visto tenemos que asumir como algo normal, hay zonas de España que no deben ser visitadas por Felipe VI. Es un extranjero en su propia tierra. Por tanto, el conde de Barcelona no pude desplazarse a Barcelona. Es difícil encontrar un contrasentido mayor. Esto sería comprensible si el desplazamiento fuera para visitar efectivos de las Fuerzas Armadas que estuvieran desplegados en una zona de conflicto bélico y la gravedad del escenario hiciera recomendable no arriesgar su vida. No voy a profundizar en este improbable supuesto, ya que la Constitución establece que es jefe de las Fuerzas Armadas. Por tanto, podemos constatar que la situación en Cataluña es políticamente tan grave e irracional que hay que permitir una ofensa tan grande al Poder Judicial y al conjunto de la sociedad española.

La Constitución establece que la Justicia se imparte en nombre del rey, por lo que el esperpento es todavía mayor y ha provocado un rechazo generalizado. En términos militares estamos ante una rendición incondicional del Gobierno que solo sirve, además, para envalentonar a los independentistas que quieren romper España. Hace demasiado tiempo que se frivoliza sobre estas cuestiones que son fundamentales en cualquier democracia. El cachondeo sobre los símbolos, la declaración de municipios republicanos, los insultos a la jefatura del Estado y una larga lista de gestos propios de un fanatismo excluyente muestran los síntomas de la grave enfermedad que afecta a Cataluña y sus instituciones. Nadie pide una adscripción militante a la Monarquía, sino simplemente el respeto que es exigible al margen de las ideas que cada uno pueda tener. El Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad del jefe del Estado y el respeto de nuestro ordenamiento constitucional, ya que ningún voto o apoyo en el Congreso puede justificar la ignominia que estamos viviendo. Uno de los problemas más graves que tiene España es la progresiva ausencia del Estado en Cataluña que permite este tipo de actuaciones. No es algo achacable solo a este gobierno, sino que es un catastrófico error que arrastramos desde la Transición. La debilidad de España es la fuerza de los que quieren destruirla.