Crisis de deuda

De acuerdo con Cristina Herrero, presidenta de la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), la deuda pública española se mantendrá en niveles peligrosamente altos hasta, como poco, el año 2050. No es una sorpresa, pues durante las próximas tres décadas van a converger dos tipos de tiranteces financieras que nos serán muy complicadas de digerir. Por un lado, el sobreendeudamiento público vinculado a la actual crisis económico-sanitaria: con casi total seguridad, los pasivos estatales derivados de los presentes déficits públicos desbordarán el 130% del PIB y sólo comenzarán a revertir a partir de la próxima década (siempre y cuando hagamos los deberes a la hora de ir ajustando nuestro desequilibrio presupuestario). Por otro lado, el sobreendeudamiento público vinculado a la crisis demográfica a la que sí o sí se expondrá nuestro sistema de Seguridad Social: de acuerdo con las últimas previsiones revisadas de la AIReF (que para más inri es el organismo que exhibe un mayor optimismo sobre este asunto), la reforma que ahora mismo está preparando el ministro José Luis Escrivá contribuirá a contener el estallido de nuestra deuda pública, como resultado de la acumulación de los déficits generados por la Seguridad Social, a sólo unos 60 puntos adicionales de PIB en el año 2050. O dicho de otra manera: aparte de todo el enorme endeudamieto que estamos acumulando en el presente, se hace necesario considerar que, a lo largo de los próximos 30 años, nos caerán como poco otros 60 puntos de PIB en forma de deuda pública.

Las consecuencias de la confluencia de estas dos crisis de deuda son potencialmente explosivas: en 2012, estuvimos al borde de la quiebra por acercarnos a unos pasivos estatales del 100% del PIB; en 2050, podemos perfectamente acercarnos a unos pasivos del 200% del PIB. Solo si Bruselas sigue prestándonos su apoyo directo (en forma de fondos de rescate) o indirecto (a través de las compras de deuda por parte del Banco Central Europeo), podremos navegar, y con dificultades, por las aguas de los mercados financieros. Pero es improbable que Europa esté dispuesta a refinanciarnos durante tres décadas, máxime si nuestro país no pone de su parte para ajustar sus cuentas. ¿Consentirán holandeses, alemanes, austriacos o fineses que el Gobierno español siga endeudándose a su costa sin practicar ningún tipo de austeridad conducente a cuadrar su desequilibrio presupuestario? Es dudoso. Y si además tenemos presente que, a buen seguro, durante estas próximas tres décadas tanto España como el resto de países de la UE se enfrentarán a algún shock adicional (ya sea en forma de crisis económica, sanitaria, geopolítica, social…) que requerirá de nuevas emisiones de deuda pública, es poco probable tanto que ellos nos sigan extendiendo un cheque en blanco cuanto que nosotros podamos cargar sostenidamente con una deuda tan desproporcionada en medio de tan agobiante coyuntura. En lugar de dormirnos en los laureles de la autocomplacencia, deberíamos tomarnos muy en serio la crisis de deuda que puede venírsenos encima a lo largo de los próximos años.