Bomba radiactiva fiscal

Un ciudadano español se levanta temprano por la mañana para ir a trabajar, enciende la radio mientras se arregla y escucha que, según el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, Bildu se suma a la «dirección de Estado», y que según Arnaldo Otegi «alcanzar la república vasca pasa por apoyar los presupuestos» de Pedro Sánchez. Sin haberse sobrepuesto al impacto, el locutor le informa de que los periodistas han preguntado al presidente qué opina de esas palabras de Otegi, y que Sánchez responde que está satisfecho porque es muy importante que se aprueben los presupuestos. Cuando otra periodista le pide que responda a la pregunta que «olvidó contestar», el presidente dice que «sí la he respondido: es una gran noticia tener unos presupuestos generales del Estado».

Cuando el ciudadano trata de tomarse el primer café del día sin atragantarse recibe un nuevo sobresalto: el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, afirma con rotundidad que «se han acabado los privilegios». En apenas una décima de segundo la sorpresa se apodera del oyente, hasta que de inmediato el locutor le aclara que Aragonès no se refiere a los privilegios que habitualmente exige la Generalitat, sino a los supuestos privilegios de que gozaría Madrid.

Pero el ciudadano español aún tendrá una nueva turbación cuando en la radio suene la voz de la vicepresidenta primera Carmen Calvo sentenciando que el gobierno de la Comunidad de Madrid no ayuda a «seguir entendiendo la unidad territorial de España». Junts per Madrid. Hay que asumir que estirar los argumentos hasta la caricatura es parte de la normalidad en política, tanto como mentir o utilizar medias verdades. Pero el peligro nos acecha cuando el despropósito se instala como algo cotidiano, sin que nadie se ruborice.

Durante el mes de septiembre y parte de octubre, el deporte nacional consistió en atacar a la «bomba radiactiva vírica» que era Madrid –en palabras del presidente de Castilla-La Mancha– por ser la región europea con peores datos sanitarios. Ahora que solo tiene peores datos que Baleares y Canarias, y sin haber cerrado la economía, el problema es que Madrid es una bomba radiactiva fiscal. La peculiaridad en este nuevo debate es el independentismo impositivo madrileño, ese maligno empeño ultraliberal de bajar impuestos cuando lo que ordena el argumentario oficial es subirlos, como hace de forma habitual la Generalitat con los catalanes.

Que Gabriel Rufián y Pere Aragonès pidan la armonización fiscal entre las comunidades autónomas es un inverosímil ejemplo de justicia poética. Quienes viven de buscar diferencias identitarias estrictamente catalanas exigen ahora igualdad nacional española en el pago de impuestos. Y fuerzan a Pedro Sánchez a deslizarse por el discurso tan recurrente, pero nunca ejecutado en los hechos, de la igualdad de los españoles. La solución que se ofrece es equilibrar los impuestos de todos, por supuesto, al alza, nunca a la baja. Y sin cuestionar las ventajas fiscales constitucionalizadas de las que gozan vascos y navarros.

Si hay un artículo importante en la Constitución es el 14, que establece la igualdad de todos. Debería cumplirse con devoción. Por ejemplo, en materia sanitaria, para que fuera mas accesible a los ciudadanos, allá donde vivan. Por ejemplo, para llevar un tren que merezca tal nombre a Extremadura. Por ejemplo, para dotar de medios a los territorios más despoblados de las Castillas o Aragón. Por ejemplo, para que un ciudadano español tenga el derecho a decidir que sus hijos aprendan en castellano (que es muy distinto que simplemente aprender castellano) en cualquier lugar del territorio nacional. O, por ejemplo, para que todas las comunidades ayuden solidariamente a aquellas que, como Canarias o Andalucía, sufren con más intensidad la presión migratoria.

Pero la igualdad establecida en el artículo 14 no parece pasar por ahí, sino únicamente por los impuestos que se pagan en cada comunidad: por la «armonización», nuevo producto de la fábrica de lo políticamente correcto. Y habrá que suponer que, como consecuencia, el Gobierno de Sánchez desmontará la arquitectura de descentralización fiscal que Jordi Pujol exigió en su día a cambio de sostener a socialistas y populares en Moncloa. Porque si la Comunidad de Madrid ha bajado impuestos y la Generalitat de Cataluña los ha subido se debe a que en su día se creó un tramo fiscal autonómico, forzado por quien entonces presidía el gobierno catalán. Fue el famoso 15% de Pujol, aunque después la verdadera celebridad la alcanzó otro porcentaje: el «tres per cent».

Resulta conmovedor ver ahora a quienes proclamaron la república catalana exigir al Gobierno central que todos tengamos una misma presión impositiva nacional española. Y ver cómo PSOE, Podemos y Esquerra alimentan las opciones de éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso es solo una paradoja más de este tiempo, en el que asistimos al espectáculo de la política disfrutando de un sabroso paquete de palomitas.