Deslealtad institucional

El principio de «lealtad institucional» es consecuencia de los principios de buena fe, eficacia y eficiencia y, como establece de manera clara y explícita la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, es un «criterio rector para facilitar la cooperación y colaboración entre las diferentes Administraciones Publicas, recogiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional». Por lo tanto, obliga a las Administraciones Públicas a «respetarlo en su actuación y relaciones entre sí». Si es exigible en circunstancias normales, es evidente que lo es más cuando –como ahora– vivimos en situación de anormalidad extrema con ocasión de la emergencia sanitaria. Pero acontecimientos producidos estos días, reflejan el concepto que el Gobierno tiene de este principio y mandato legal: la presidenta madrileña Díaz Ayuso inaugura un hospital construido en tiempo récord para optimizar la respuesta sanitaria de la Comunidad a la pandemia, y no asiste nadie del Gobierno, pese a estar invitado. Días antes, Sánchez con el ministro de Sanidad, gira su primera visita desde que empezara la pandemia a un hospital –el de La Paz, en Madrid– y va precisamente cuando Ayuso está ausente de la ciudad. El alcalde de la capital «se entera por la prensa» y se presenta para cumplimentar al presidente, pese a no haber sido convocado. Esto no es solo una cuestión de mala educación y carencia de una elemental cortesía, sino que atenta contra la lealtad institucional que, es un mandato legal. Las palabras quedan cortas para describir este desdichado espectáculo.