No sea cruel, señora Celaá. Dialogemos

Señora Ministra:

Creo en la fuerza del diálogo. Me la inculcó mi maestro Joaquín Ruiz Giménez. Por eso querría dialogar con usted en mi condición de padre de un paralítico cerebral que murió cuando tenía veintitrés años de edad. Comprenderá que he seguido con vivo interés y honda preocupación las vicisitudes de «su» proyecto de ley.

No creo que sea usted cruel. Más bien presumo lo contrario. Pero «su» ley lo es en grado sumo. Lo es con las miles de familias con hijos con diversas discapacidades, que han confiado el cuidado y la educación de sus hijos en centros especializados que de forma encomiable realizan la difícil tarea de atender a unas personas indigentes, necesitadas de unos tratamientos educativos que son incomparablemente diferentes a los de la escolarización ordinaria.

Por la trayectoria de mi hijo y de muchos otros como él –con cuyas familias se entablan vínculos de amistad inextinguibles– conozco algo del «mundo de la educación especial». Mi hijo tuvo varias experiencias. En dos ocasiones estuvo «escolarizado» en un centro ordinario de los llamados «de integración». Fueron dos experiencias fracasadas. Por una razón tan simple como que la inclusión no consiste en «estar» sino en «participar». Mi hijo y los demás como él vivían en la más absoluta marginación, a pesar de las buenas intenciones de los educadores. Al fin encontramos un centro en el que nuestros hijos –así lo veíamos sus padres– eran cuidados con esmero, recibían las atenciones que necesitaban y todo en él rezumaba cariño. Era «El Nido», cuyo promotor y alma es Andrés Aberasturi. Pero hay otros muchos centros dedicados a niños y jóvenes con diferentes discapacidades, en los que las familias han confiado a sus hijos y llevan a cabo una tarea socialmente ejemplar.

Señora ministra, ¿por qué no confía en los padres? Ya sé que usted ha dicho que los «hijos no son propiedad de sus padres». ¡Faltaría más! Pero de ninguna manera son propiedad del Estado. Son seres humanos con dignidad que no pertenecen a nadie. Pero los padres son los primeros responsables de su educación y de atender a sus necesidades. Son quienes mejor los conocen, quienes más los aman y desean lo mejor para ellos. ¿Por qué les arrebatan el derecho de decidir qué tipo de educación y en qué centro han de recibir las atenciones que necesitan? Hay en «su» ley una indisimulable sospecha hacia los padres. En toda la ley, porque cercenar su libertad responde a una actitud de fatal arrogancia. «Yo (Estado) soy el que mando y ustedes (padres) son unos ignorantes sobre lo que les conviene a sus hijos» es el fundamento ideológico de los inspiradores de «su» ley.

Le quiero pedir un favor: no invoquen el nombre de «inclusión» en vano. La palabra «inclusión» invade todo el articulado de la ley «ad nauseam». Es el nuevo dogma de los redactores de «su» ley. Como nuevo dogma reclama obediencia ciega. ¡Ay de aquél que ose formular la más leve crítica a algunos de sus aspectos! Pero la inclusión, si no reconoce la realidad de las diferencias y desprecia la libertad, puede convertirse en un infierno. Es el pretexto de un insoportable intervencionismo y dirigismo de los poderes públicos. Con su concepto de «inclusión» han condenado ya a los centros de educación especial como «segregadores». No es una condena banal. Y es un sarcasmo para las familias que sufren la situación de discapacidad de sus hijos, a quienes aman entrañablemente. No hay derecho, señora Ministra.

La ley es una auténtica espada de Damocles para los centros de educación especial. El plazo de diez años para su vaciamiento está a la vuelta de la esquina. Será la zozobra de muchas familias, que siguen confiando en esos centros, porque son donde sus hijos están mejor atendidos y pueden progresar para su integración en la sociedad en las mejores condiciones posibles. ¡Cuando en lugar de sentirse apestadas lo que necesitan esas familias es afecto, apoyo y respeto a las decisiones con sus hijos!

Le propongo, señora Ministra, que retire en el Senado la Disposición Adicional Cuarta de «su» ley. Y que, a partir de ahí, dialoguemos. Porque estoy convencido de que, sin renunciar a la libertad y a los derechos-deberes de los padres con sus hijos, será posible un compromiso.

En nombre de mi hijo Mauro estoy a su disposición donde y cuando usted lo estime.