Fracaso del derecho en el Sáhara

Nuevamente el Sáhara salta a la actualidad política. A pesar de que han transcurrido 45 años desde el abandono de dicho territorio, para muchos españoles sigue estando presente como un tema inconcluso. Y así es, la tesis de Marruecos por la que se incorpora el Sáhara no tiene apoyo jurídico. Salvo los EEUU de Trump, ningún país del mundo lo ha reconocido.
En 1963 la ONU incluyó al Sáhara en la lista de «Territorios no Autónomos», con arreglo a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a los que son de aplicación la Resolución 1514 de la Asamblea General, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. España, como Potencia administradora, tenía la obligación de proceder a su descolonización.
El Tribunal Internacional de la Haya, en su dictamen de 16 de octubre de 1975, declaró que «no había vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos ». Aun así, Marruecos organizó y dirigió la Marcha Verde, lo que constituyó una auténtica invasión de un territorio extranjero. Supuso un acto de ilegítima agresión, contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho internacional. La ONU deploró dicha invasión a través de la Resolución 380 del Consejo de Seguridad e instó a Marruecos a que se retirase inmediatamente del Sáhara.
A pesar de ello, España suscribió el muy criticado Acuerdo de Madrid de 1975, que no fue publicado en el BOE, en el que se declaraba que, como Potencia administradora, «España procederá de inmediato a instituir una Administración temporal en el territorio, en la que participarán Marruecos y Mauritania, en colaboración con la Yemaá». Tras la retirada de Mauritania, Marruecos se convirtió en la única potencia ocupante.
Posteriormente ha habido numerosas Resoluciones de Naciones Unidas en las que se reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. El Informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de Seguridad, de 29 de enero de 2002, declaró que «el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente».
Por lo tanto, según la ONU, Marruecos ni ostenta la soberanía del Sáhara Occidental, ni es Potencia administradora del mismo. Es un mero ocupante sin título jurídico. La Resolución de la Asamblea General 34/37, de 21 de noviembre de 1979, califica tres veces como ocupación la presencia marroquí en el Sáhara Occidental, y de la misma manera, se pronuncia la Resolución 35/19, de 11 de diciembre de 1980. Por ello, Marruecos no está incluido en la lista de la ONU de Potencias administradoras.
Consecuentemente, se puede afirmar que España sigue siendo aún la Potencia administradora del Territorio, y así consta en la correspondiente lista de la ONU y, aunque haya abandonado el territorio terrestre, no así el aéreo, y por ello, cosa poco conocida, sigue controlando el espacio aéreo del Sáhara. Nuestro derecho interno ratifica a España como Potencia Administradora, en concreto, por los autos de la Audiencia Nacional de 15 de abril y 4 de julio de 2014, éste último dictado con la firma como presidente de Sala del actual ministro del Interior, Grande-Marlaska.
Sin embargo, Marruecos, sin tener soberanía sobre el Sáhara y, sin ser Potencia administradora del mismo, actúa como si fuera territorio propio, aunque dicha anexión no ha sido reconocida por ningún país del mundo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde 2015, viene declarando que los Acuerdos de cooperación bilateral entre la UE y Marruecos, no pueden aplicarse al territorio del Sáhara Occidental, ya que éste no forma parte de Marruecos, y además, la soberanía permanente de los recursos naturales del Sáhara, como Territorio No Autónomo que es, según doctrina de la ONU, pertenecen al pueblo saharaui, y no pueden explotarse sin su expreso consentimiento.
El Sáhara como territorio a descolonizar, donde los saharauis están aún pendientes de ejercer su derecho a la autodeterminación, propició la creación, en 1991, de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, para, entre otras finalidades, supervisar el cese del fuego; verificar la reducción de tropas de Marruecos en el Territorio; identificar y registrar a las personas con derecho a voto, así como organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo.
Treinta años más tarde, los resultados de MINURSO no pueden ser más decepcionantes. Salvo el censo para el referéndum, que se identifico a 86.435 personas, la voluntad de Marruecos se ha impuesto por encima del Derecho Internacional, hasta el punto que abandonó unilateralmente el Plan de Paz de la ONU. Los campamentos de refugiados de Tinduf llevan 45 años albergando a muchos miles de saharauis. Los que viven en su propio territorio con frecuencia sufren malos tratos, persecución, cárcel y tortura.
Pero donde MINURSO ha cosechado el más estrepitoso de los fracasos ha sido en la organización del referéndum de autodeterminación. Se ha mostrado incapaz de asegurar la realización de un referéndum libre y justo, según el mandato de la ONU. Marruecos ha boicoteado cualquier iniciativa que no fuera dirigida a la integración del Sáhara. Esto no debe ser impedimento para que la ONU (y la comunidad internacional) cumpla y haga cumplir sus propias Resoluciones. Decepciona comprobar cómo el Derecho ha fracasado en el Sáhara.