Opinión

El camino que condujo al modelo económico que yace en la constitución española

En estos momentos, las polémicas alrededor del mantenimiento intacto de la Constitución de 1978 obligan a tener en cuenta que ésta nació superando unos escollos extraordinarios, existentes desde el punto de vista económico, y que han resucitado en estos momentos. ¿Cómo se superaron entonces? Conviene tener en cuenta el papel de Enrique Fuentes Quintana y, también, el de Manuel Lagares, quien negoció y logró que un conjunto de economistas clave –de aquellos partidos políticos que tenían cierta fuerza parlamentaria–, admitiesen los puntos de vista de Fuentes Quintana. Estos economistas fueron: por la Unión de Centro Democrático, Mariano Rubio; por el Partido Socialista Obrero Español, Carlos Solchaga; por el PSC, Ernest Lluch; por el Partido Comunista de España, Julio Segura y Ramón Tamames, y por Alianza Popular, Guillermo Piera. El único que no resultó convencido fue Manuel Sánchez Ayuso. En Guillermo Piera se basó Fraga para no dar pasos ajenos al planteamiento de Fuentes Quintana. Esa posible oposición la aconsejaba entonces López Rodó; pero la línea Fuentes-Piera-Fraga se impuso. Además, en Convergencia i Unió, fue claro el papel de Trías Fargas, en favor de la doctrina de Fuentes, y eso influyó en el Partido Nacionalista Vasco. Todo esto, que muy directamente presencié o lo escuché oralmente de sus protagonistas, constituyó la base adecuada sobre la que se edificó el Pacto de La Moncloa, que respaldaba, de modo contundente, el modelo de economía libre de mercado, con un evidente complemento de tipo social, que se debería desarrollar en varios planos. El objetivo era completar un planteamiento de economía liberal de mercado con la consolidación del Estado de Bienestar y un orden presupuestario y fiscal que reuniese medidas adecuadas para la distribución de la renta, dentro de un Estado de Bienestar y que los impuestos no frenasen la actividad productiva.

Todo ello logró que prosiguiese el progreso logrado en la economía española desde 1956, que, al inicio de 1977, era preciso calificar de espectacular. Basta decir que el PIB por habitante se había multiplicado por 2,7, o sea, que se había casi triplicado, y ello había tenido lugar con un amplio desarrollo de la economía libre de mercado, incluyendo el notable papel desempeñado por las inversiones empresariales extranjeras, atraídas por las nuevas condiciones del mercado español. Por tanto, era evidente lo favorable de todo un conjunto previo de planteamientos derivados de la existencia de esa economía de mercado. Los partidos de centro-derecha no era posible que dejasen de señalar esto, y asimismo, lo impulsaban dos hechos. Por una parte, en el ámbito internacional, la creciente difusión del avance de la economía alemana, con un modelo de economía social de mercado que, además, con el final de la Guerra Fría, acabó por convertirlo en algo así como el modelo adecuado para el mundo occidental. Por otra, simultáneamente, se unió a que economistas de muy alto prestigio señalasen que ese era el camino adecuado.

Las más lejanas raíces, en España, las encontramos nada menos que en 1941 y años inmediatamente siguientes, a partir de una nota de Valentín Andrés Álvarez en la «Revista de Estudios Políticos», en la que alude a la importancia de la posición de Eucken y, por ello, de la Escuela de Friburgo, la cual, muy dispar en mil aspectos del nacionalsocialismo, mantenía estos puntos de vista.

Por otra parte, la Escuela de Friburgo, por el importante peso que en esa Universidad de Brisgovia tenía el pensamiento de la Iglesia católica, señalaba que el proceso económico de un país, de ningún modo debería herir la dignidad de la persona humana. Estas posturas doctrinales son las que yacen en la denominación que su modelo recibía, con el nombre de «economía social de mercado». Precisamente buena parte, por ejemplo, de la legislación laboral desarrollada sucesivamente en España por todos los regímenes políticos –desde la Restauración hasta aquellos momentos–, respondía a su defensa. También deberían salvarse ciertos valores colectivos. Recuerdo que en clase, y quizá por recordar su origen germano, nos señalaba Stakelberg: «Aunque fuese, desde el punto de vista de la localización económica, el lugar más adecuado para instalar una fábrica de cemento, un solar situado ante la catedral de Colonia, debería impedirse por los poderes públicos, porque el acceso y la contemplación de su neogoticismo y su empleo por los fieles, no puede quedar sometido a la libertad del mercado».

Además, los planteamientos de los sistemas fiscales tenían que adecuarse al planteamiento ya señalado en relación con la distribución de la renta y, también con el impulso a la actividad económica.

En el fondo, lo que se pretende por algunos grupos, en el debate abierto sobre la Constitución de 1978, son dos cosas: la Monarquía y la economía social de mercado.