Apunte de coyuntura

Para algunos el 18 de julio de 1936 se abrió un paréntesis que es deber histórico cerrar, un paréntesis que comprende el franquismo, pero también toda la Transición más el actual régimen constitucional. Tocaba cerrarlo y se empezó el 14 de marzo de 2004, días 11 a 13 mediante, pero una inesperada crisis financiera mundial lo interrumpió. Apenas escampó, se retomó la operación de cierre para lo que se adosó una frase extravagante en los bajos de una sentencia y fue detonada en forma de moción de censura. Y en estas estamos.

Pasado el franquismo formal, durante ese paréntesis tampoco se perdió el tiempo. En lo que ahora interesa –la Justicia– y fiel a su ADN, en 1985 el socialismo inició un asalto apelando a que había que erradicar los residuos franquistas en la Judicatura; había que «democratizarla» o, como dijo su ministro Ledesma, debía reflejar «la composición sociológica del país», léase, las mayorías políticas. Instauró así el control político del Consejo General del Poder Judicial, jubiló masivamente a jueces, debilitó el sistema de oposiciones y lo complementó resucitando el fracasado sistema de turnos o creó la figura de los magistrados autonómicos. Ese empeño ideológico convivía con otro más prosaico: la necesidad de tapar escándalos, lo que pasaba por desprestigiar a la Justicia y la deslegitimación social de los jueces.

Aquel objetivo no se logró del todo, pero la intención permanece. Ahora el escenario es distinto: el socialismo muestra su rostro más radical y cogobierna con comunistas depredadores, muy distintos de aquellos camaradas que se contentaron en ser actores de reparto en la Transición. Ahora coprotagonizan el empeño de cerrar el paréntesis, retomar la Historia tal y como estaba prevista, pretextando enterrar el franquismo larvado en la Justicia; y como en 1985, desde el gobierno y la mayoría parlamentaria que lo apoya, se ataca al Consejo y a los jueces: su artillería machaca al enemigo antes de iniciar el asalto. Lo vimos el pasado martes. Ese martes el Congreso debatió la iniciativa del PSOE y Podemos para limitar las facultades del Consejo una vez sobrepasado su mandato.

En circunstancias normales, sinceramente, la iniciativa sería razonable, pero conviene pellizcarse. Tal iniciativa cumple un objetivo táctico: con un Consejo ya dos años bloqueado, lo táctico se agota en forzar al PP para que deje el bloqueo; y a esa iniciativa se añade la de cambiar la ley para renovarlo al margen de la mayoría cualificada que exige la Constitución. Lo táctico se agota ahí y se inserta en la estrategia de ocupación total del Estado. El control de la Justicia, la atribución de la investigación penal a policías y fiscales gubernamentales, más la recluta como nuevos jueces a paniaguados de confianza, llevará a la aplicación de las leyes a conveniencia del poder, a la impunidad de la corrupción de propios y hostigamiento a los adversarios, al control de los procesos electorales.

Y del Tribunal Constitucional, dos de cuyos miembros elige el Consejo: es la pieza clave que permitirá, sin tocar una coma de la Constitución, reinterpretarla para alumbrar así un nuevo orden constitucional. Y el PP ¿qué pinta en esto? Víctima de su incoherencia, anda metido en el negocio de renovar el Consejo, dice repudiar su politización, pero su credibilidad se diluye porque pudo enmendarlo y no lo hizo. La capa de maquillaje que dio a la reforma socialista de 1985 apenas ocultó que, realmente, le convenía para influir en la Justicia cuando ya afloraban sus miserias. Eso le deslegitima, pero su deslegitimación es también de raíz: si el lema socialista era el «Montesquieu ha muerto» de Guerra, el suyo responde al de Cosidó, que presumía de controlar «desde detrás» al Tribunal Supremo.

Ante esto ¿qué podemos hacer los jueces? Poco y mucho. Poco porque no tenemos madera de lobby y estamos solos, pero tenemos autoridad moral para denunciarlo; que a la vista del páramo nacional, nuestras asociaciones –las profesionales, claro– denuncien en las instituciones europeas el afán partidista para controlar a la Justicia, más la estrategia de mutación del orden constitucional. Y entre tanto cumplir nuestro deber, hacer Justicia y aplicar las leyes, nos gusten o no, aunque los rojos nos tengan por fachas y los fachas por rojos.