Ministro y candidato

En la mañana del 20 de enero, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat de Cataluña debió llegar a la conclusión de que era relevante su punto de vista sobre la salida del poder de Donald Trump y la inminente toma de posesión de Joe Biden, que se produciría esa misma tarde. Así, el Partido de los Socialistas de Cataluña grabó un vídeo a su aspirante presidencial. Pero no lo grabó en catalán. Ni tampoco, en castellano. Lo hizo en inglés, de lo que se puede deducir que el PSC consideró que no eran solo sus conciudadanos catalanes, sino también los ciudadanos estadounidenses quienes estaban interesados en conocer el criterio de Salvador Illa sobre el relevo en la Casa Blanca. Por si se diera la circunstancia de que usted no haya tenido acceso a ese tuit, aquí se transcriben las palabras de Illa traducidas al español: «Es esperanza. La victoria de Joe Biden es esperanza. Vencer a Trump es vencer la política de la polarización. Significa una nueva era, no solo para América sino para el mundo. Es un asunto muy importante también para el pueblo español y para el pueblo catalán». El PSC tuiteó este mensaje, que termina con una felicitación para el nuevo presidente Biden.

Se trata solo de una anécdota y, como tal, carece de importancia. Pero sí es el síntoma menor de un problema mayor: la precaria compatibilidad ética y política entre ser el ministro que tiene que gestionar la gran calamidad que supone la pandemia y, a la vez, el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Hace tiempo que dejó de ser cierta la vieja máxima de que «no todo vale en política». De hecho, lo que se ha demostrado es justo lo contrario, y en la vida pública española hay un buen número de virtuosos en el arte de convertir en moneda de cambio legal lo que cualquier persona alejada del fanatismo sabe que es un billete falso de toda falsedad. Pero hay momentos en los que se sortea la lógica con un notable desahogo y se llega a situaciones chocantes, como que el ministro de Sanidad diga que dedica el 101% de sus esfuerzos a su labor en el Ministerio, a la misma hora en la que su partido promociona al candidato con un breve vídeo de análisis de la política americana.

Cuando se producen estas distorsiones, lo que se alimenta es la sospecha, porque nada acrecienta más las dudas –incluso pecaminosas– que una explicación incompatible con la realidad más evidente. Y en este caso, la desconfianza afecta a algo tan grave como una emergencia de salud pública: ¿se niega el ministro Illa a ampliar el estado de alarma, contra el criterio de todas las autonomías, para no facilitar una excusa legal que permita aplazar las elecciones catalanas a las que se presenta el candidato Illa?

Es seguro que algo así no ocurre porque no puede ser que ocurra. No, cuando de lo que se trata es de gestionar una tragedia con más de 80.000 muertes, que tiene los indicadores disparados y cuya previsión a corto plazo es pésima. Y ese plazo corto incluye el 14 de febrero, fecha prevista para las elecciones en Cataluña. Impensable. Y, sin embargo, las actitudes del ministro-candidato y de su partido no ayudan a quienes quieren defender que ninguna decisión se adopta en el Ministerio de Sanidad pensando en otra cosa que no sea la pandemia. La desconfianza anida entre nosotros.

La verdad solo la conocen quienes elaboran la estrategia de campaña. Y para ellos es la satisfacción de ver que, con o sin regates inconfesables, el conocido como «efecto Illa» ha conseguido ya el beneplácito del CIS, que otorga al PSC la posición de partido victorioso, heredero de los escaños que se fugan de la licuefacción de Ciudadanos. Y, como posible éxito suplementario, le concede la esperanza de alcanzar algún tipo de pacto con En Comú Podem (Podemos en Cataluña) y Esquerra Republicana para darle aún más solidez a la perspectiva de eternidad del gobierno de coalición PSOE-Podemos, con sus partidos satélites.

Los números de la estadística cuadran. Solo falta que sean confirmados por los votantes en las urnas, cosa que ocurre a veces y a veces, no. Falta, también, una decisión definitiva de los tribunales, que han paralizado cautelarmente el aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo, y que aún tienen pendiente su sentencia final. Pero si la Justicia determina que se ha de votar el 14 de febrero porque así lo dice la ley, el candidato Salvador Illa podrá cumplir, si así lo sigue deseando, su objetivo de llegar al inicio de la campaña electoral sin desprenderse de la púrpura ministerial, haciendo compatible por vía de los hechos aquello que por vía del razonamiento cuesta convertir en lógico.