Opinión

Sin pies ni cabeza

Más del 25% de los 82.000 ciudadanos designados en Cataluña como vocales y presidentes han presentado escrito ante la Junta Electoral de zona pidiendo ser eximidos de la obligación legal. Son uno de cada cuatro y es fácil entenderlos. El anuncio oficial podría haber sido: «Se buscan encargados para gestionar local contaminado por covid, durante doce horas de jornada laboral» ¿Quién puede prestarse a ello de buena gana?

Es casi imposible organizar las elecciones del 14 de febrero y, a la espera de que los tribunales tomen la decisión definitiva, se baraja pedir voluntarios para las mesas. No sólo porque apenas da tiempo a sortear los puestos de nuevo (que de nuevo podrían ser rechazados) sino porque la ley especifica que, de no presentarse los vocales en mesa, serán los primeros ciudadanos que voten los encargados de ejercer las funciones. ¡Precisamente se pensaba reservar la primera hora de la mañana para los grupos de riesgo (mayores, discapacitados, personas con enfermedades crónicas)! Que estos votantes tuviesen que ocuparse organizar y supervisar las elecciones es, sencillamente, impensable. Entretanto continúan las adhesiones a las plataformas contra formar parte de las mesas y los firmantes reiteran razonamientos perfectamente respetables. «Tenemos personas ancianas en casa o a nuestros cargo, otros somos sanitarios y también hay maestros que trabajan constantemente con niños» me decía Roger, en Fin de Semana de Cope.

Mientras crece el clamor en la calle para que los comicios se aplacen, los políticos, por el contrario, pisan los aceleradores, en especial el PSC. Un mes, dos, tres incluso, son irrelevantes desde el punto de vista de la tarea pública y convertirían unas elecciones que parecen una locura en una acto completamente normalizado, en la medida en que el invierno y la primavera son el peor momento para la pandemia, como ya se comprobó en 2020. Para Pedro Sánchez, sin embargo, el tiempo es oro. A su juicio, cada día que pase supondrá una pérdida de votos (por la pésima evolución de la pandemia, la situación económica alarmante y la desaparición del «efecto Illa»). Por esa razón estamos asistiendo a desvergonzadas ayudas al candidato, desde la nueva encuesta publicitaria-flash de Tezanos, que asegura el triunfo del socialista, hasta el uso de las redes del ministerio por parte de Marlaska para enviar tuits. Todo se les hace poco, convocan las reuniones del PSOE en Barcelona, pactan con los independentistas mesas de negociación... se trata de barrer tanto de un lado como de otro y hacer propia esta vez la victoria que en el pasado cosechó Ciudadanos.

La alternativa endiablada que se ha servido a los catalanes consiste, por un lado, en un posible fracaso democrático –si la abstención alcanza más del 50 por 100-–y, por otro, un inevitable incremento del contagio de la enfermedad si los comicios se efectúan. En todo caso, los votantes saben que su salud está constituyendo moneda de cambio en una almoneda donde los réditos políticos son más importantes que las personas.

Veremos qué ocurre, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. La ley electoral propicia de por sí extrañas votaciones en Cataluña, donde dos o tres mil votos en Gerona, Lérida o Tarragona son suficientes para enviar un candidato al parlamento local, frente a los 55.000 que necesita un diputado por Barcelona. El sistema potencia el voto nacionalista rural y dificulta el voto urbano. Si ahora sumamos la más que posible ausencia de los mayores, diabéticos o enfermos de las urnas, verdaderamente habrá que preguntarse si no será peor el remedio que la enfermedad, y perdonen el refrán.