El obsceno espectáculo de Sánchez y Casado

Más allá de lo que resulte del cambalache de nombres entre el PSOE y el PP para conformar el gobierno de los jueces, una cosa está clara: el actual sistema, que no lo han inventado Sánchez ni Casado, y que se aplica a machamartillo desde hace 36 años, es una vergüenza antidemocrática. La paternidad corresponde al primer Ejecutivo de Felipe González que en 1985, por boca del sardónico Alfonso Guerra, soltó con un par la celebérrima frase: «Montesquieu ha muerto». No sólo se cargaban la división de poderes que sacralizó el francés en El Espíritu de las Leyes hace doscientos y pico años, y que desde entonces es una figura inherente a toda democracia que se precie, sino que lo hacían ciscándose en la jeta de todos los españoles. Cornudos y, encima, apaleados. Hasta el ecuador de la década de los 80 eran los jueces quienes designaban a la mayoría de los barandas de la carrera. La ley de leyes establece en el artículo 122 cómo se consumará el procedimiento de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «Doce entre jueces y magistrados, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado». La falta de claridad del epígrafe, vaya usted a saber si deliberada, permitió su prostitución por parte de ese felipismo de los 202 diputados que pensaba que España era suya. Claro que si se escudriña en profundidad está claro que el objetivo del constituyente es que 12 de los gerifaltes del CGPJ sean cooptados. Lo cual impide de facto que el Ejecutivo de turno meta sus zarpas en la carrera. Porque no hay nada que moleste más a un juez como Dios manda que el hecho de que venga un politicastro a ordenarle o sugerirle sus fallos. De entonces en adelante se pasaron la Constitución por el forro de sus caprichos y los 20 integrantes del CGPJ los digitan los dos grandes partidos, básicamente, porque es precisa una mayoría reforzada de tres quintos del Parlamento. Eso garantiza el poder absoluto de PSOE y PP en el órgano que se encarga de las sanciones y de los ascensos. Esta anticonstitucional tradición supone que si un magistrado deviene en azote de los corruptos de una u otra formación tiene todos los boletos para no prosperar en el escalafón. Sensu contrario, los 20 componentes del CGPJ tienen claro quién les ha nombrado. Y el que nombra, normalmente manda. No hay un solo país de nuestro entorno con un modus operandi tan cantoso. Bueno, sí, Polonia, que ha recibido ya varios toques de la UE. Claro que allí se implementó para limpiar el sistema judicial de magistrados procedentes de la dictadura comunista. En España los miembros del CGPJ son como la liga de fútbol pero en versión partidista: unos llevan la camiseta del PSOE, otros la del PP y un par de ellos o tres las de partidos tan poco apegados al imperio de la Constitución como el PNV, IU o antaño la Convergència del ultradelincuente Pujol. Gallardón describió, pero no cambió, esta diabólica costumbre: «Es el obsceno espectáculo de unos políticos eligiendo a los jueces que los pueden juzgar». ¿Se explican ahora por qué los popes de nuestra partitocracia se van siempre de rositas de todos los marrones? Ahí tienen el obsceno ejemplo de Pablo Iglesias. La gran pregunta es hasta cuándo seguirán incumpliendo la Constitución. Treinta y seis años se antojan demasiados.