Viaje al centro de un fraude

En la crisis abierta por la decisión de Cs de presentar una moción de censura en Murcia y desbancar al PP y, posteriormente, en respuesta de que se aplicase a continuación la misma estrategia en la Comunidad de Madrid, lo que provocó de inmediato la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones, sobrevuela una pregunta: ¿los que han urdido esta operación que puede trastocar todo el tablero político nacional, contaban con que tendría que ser la Justicia quien autorizase su puesta en marcha? Todo indica que no, que un movimiento que incluía para su pleno éxito poner en jaque el gobierno de Madrid no podía depender de una decisión judicial. Para saber cuáles son las intenciones de Pedro Sánchez en esta maniobra, la experiencia nos indica que lo mejor es rastrear en su ADN político y descubrir que nunca ha dado un paso que no tenga como efecto alcanzar más cotas de poder. En lo que se refiere a Madrid, la operación ha encallado y ha dejado ver la precariedad del pacto que quería desalojar de la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso. Poco se puede esperar de quien ha recurrido a un verdadero «fraude de ley» para bloquear el legítimo derecho de la presidenta de la Comunidad de disolver la cámara y hacerlo acorde con las atribuciones de que dispone (Estatuto de Autonomía, art. 21.2), algo que hizo escrupulosamente: «El Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura, cuando se encuentre en tramitación una moción de censura o cuando esté convocado un proceso electoral estatal». El decreto de disolución lo firmó, como es sabido, el miércoles a las 12:45 y así se lo comunicó por carta al presidente de la Asamblea. Minutos después, a las 13:02, Más Madrid registró una moción de censura y, cinco minutos más tardes, lo hizo el PSOE. Sólo desde el incumplimiento flagrante de las facultades que tiene la presidenta podría interpretarse que dicho decreto se firmase posteriormente a la presentación de las dos mociones, algo improbable porque así está registrado en la Asamblea. Insistimos que se trataría de un «fraude de ley» porque ningún presidente podría adelantar elecciones –facultad reconocida en la Constitución y Estatutos– porque inmediatamente de anunciarlo quedaría invalidado al interponerse una moción de censura, dado que la disolución de las cámaras sólo tendría efectividad cuando se publicase en el boletín oficial, en este caso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá mañana si prima la decisión de Díaz Ayuso o, por contra, una moción orquestada para taponar una legítima decisión. Mal comienzo en ese retorno al centro de Cs, que bien parece un viaje hacia lo desconocido.