Economía

Las exigencias desoídas para la política económica

Conviene hacer un balance donde se agrupen aquellas realidades económicas que, si no se atienden, pueden originar daños considerables en nuestra economía, y una decadencia paralela a la que surgió allá por el 1808, y que se mantuvo, por lo menos, hasta 1953, fecha en la que se alteró radicalmente la política económica española. Por ello, es preciso indicar cuáles son las cuestiones que más gravemente amenazan nuestra economía, y que, por ello, se deben resolver con urgencia.

La primera es el problema del altísimo porcentaje que existe de la deuda pública española, respecto al PIB. Y si continua, perturbará nuestros enlaces con ese factor tan necesario para nuestro desarrollo, que es una política económica conjunta con la Unión Europea. Pero este problema se une a otro inmediato, si se decide plantear cargas impositivas nuevas. Sólo desde la ignorancia de la economía, puede imaginarse esto como solución, olvidando que existe implacable la Curva de Laffer, que demuestra cómo, tras un determinado nivel impositivo, si éste se supera, baja forzosamente la recaudación, debido a que el impacto de los impuestos disminuye el PIB. Por ello, es muy conveniente tener en cuenta que de 36 países estudiados por la OCDE, en el Índice de Competitividad Fiscal 2019, España ocupaba el puesto 23, siendo el uno el del país con fiscalidad más perfecta.

Si es grave el problema presupuestario, no lo es menos el de la alta tasa española de desempleo. Sus considerables cifras son producto de la ruptura de la flexibilidad laboral, debido a la mezcla de mensajes sindicales y electorales, ignorando lo que señala la curva Phillips, tan ponderada por el Premio Nobel de Economía Akerlof, como la aportación más importante contemporánea en el campo de la macroeconomía. Si la ruptura de la flexibilidad laboral se produce, en España se precisaría un incremento del PIB cercano al 3% anual, para superar la situación actual existente, y no digamos si ésta se amplía.

Por otro lado, España tiene una renta de situación admirable, al estar a caballo entre el Mediterráneo y el Atlántico y, por lo tanto, como señaló, admirado, Romano Prodi, perfecta para el tráfico entre la creciente economía asiática, con sus inversiones y comercio, y la rica Europa; pero he aquí que, en estos momentos, como consecuencia del mantenimiento en Gibraltar de la base militar aeronaval de un país con armamento nuclear, como el Reino Unido, la inversión huye de la posibilidad de proyectarse de modo gigantesco a partir de la Bahía de Algeciras; y simultáneamente, la naciente y creciente alianza entre Rabat y Washington crea complicaciones crecientes para España, en favor de Marruecos, derivadas de problemas que no resuelve nuestra política exterior, que no es capaz de impedir la transición, hacia Marruecos, de la renta de situación española.

Por si todo esto fuera poco, la descoordinación entre decisiones administrativas de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, genera que –como ha señalado el Banco Mundial en su publicación «Doing Business 2013»–, en la clasificación que se efectúa sobre la facilidad de hacer negocios, el uno –la máxima– corresponde a Singapur; España ocupa el puesto 44, siendo el 43, Perú y el 45, Colombia. Y este conjunto complicadísimo de disposiciones intervencionistas se agrava por el incremento de planteamientos secesionistas, especialmente fuertes en el caso de Cataluña, País Vasco y Navarra; y no nos imaginemos la crisis económica previsible, si avanza la decisión, evidentemente anticonstitucional, de constituir «un Estado Federal multinacional».

¡Y qué decir de la realidad española, considerada ya como una «Isla energética», que impide resolver el considerable déficit energético español, que empeora el funcionamiento de nuestra economía!

También está ahí, sin abordarse, el riesgo derivado del problema demográfico español, provocado por el aumento del envejecimiento y una caída espectacular de la natalidad, mientras que, en el conjunto de la población, existe «un capital humano desperdiciado».

También existe la necesidad de añadir, a los graves problemas indicados, que en estos momentos, como muestran las investigaciones sobre la situación tecnológica española –comparada con la media de la Unión Europea. Un ejemplo es el trabajo, publicado en «Economistas», por el profesor Molero, que evidencia que, en estos momentos de profundos cambios tecnológicos, España, desde luego, no sigue la orientación de la Unión.

Los riesgos que hemos mencionado, ¿no señalan que no estamos buscando, para ellos, regímenes profilácticos? Es preciso reaccionar. Y la orientación adecuada es la que señaló Ortega y Gasset en «La rebelión de las masas», en 1930: «La primera condición para una mejoría de una situación concreta grave es hacerse bien cargo de su enorme dificultad. Sólo eso nos llevará a atacar el mal en los estratos hondos donde verdaderamente se originan». Si eso se abandona, aceptaremos que nuestro futuro será dirigido por algo escalofriante: la casualidad.